Tribunal de Osaka ordena pagar indemnizaciones por esterilizaciones forzadas

de Guido Alberto Casanova

El gobierno deberá pagar unos 213.000 euros a tres ciudadanos que tuvieron que someterse a la práctica en los años 60 y 70. Entre 1948 y 1996 estuvo en vigor una ley cuyo objetivo era impedir que las personas con discapacidades físicas o cognitivas tuvieran hijos. Una medida de 2019 preveía una compensación menor para las víctimas.

Tokio (AsiaNews) - Por primera vez, un tribunal japonés reconoció el derecho a una indemnización adecuada para las víctimas de la Ley de Protección Eugenésica. El Tribunal Superior de Osaka ordenó al gobierno que pague una suma total de 27,5 millones de yenes (unos 213.000 euros) a tres ciudadanos que habían demandado al gobierno pidiendo una indemnización por las esterilizaciones forzadas que sufrieron en las décadas de 1960 y 1970.

Entre 1948 y 1996, en Japón estuvo en vigor una ley que impedía que las personas con discapacidades físicas o cognitivas o enfermedades mentales tuvieran hijos. Aunque se conservan pocos registros de los procesos de toma de decisiones detrás de estas esterilizaciones, se estima que hubo unas 25.000 operaciones y que 16.500 de ellas se realizaron sin el consentimiento de las personas afectadas. En algunos casos, las víctimas solían ser jóvenes y adolescentes que no eran plenamente conscientes de lo que estaba ocurriendo.

En abril de 2019, el gobierno liderado por Shinzo Abe aprobó una ley que prevé el pago de una indemnización de 3,2 millones de yenes (unos 25.000 euros) para cada víctima de esterilizaciones forzadas. Reconociendo el gran sufrimiento causado, el propio Abe emitió un comunicado: "Como gobierno que aplicó esta ley, tras una profunda reflexión, quiero pedir disculpas desde el fondo de mi corazón”.

Sin embargo, la ley ha sido muy criticada, empezando por la cuantía de la indemnización, que muchos consideran demasiado baja en comparación con el trauma sufrido. En los últimos años, decenas de víctimas presentaron sus casos en los tribunales, reclamando sumas muy superiores a las que prevé la ley. Hasta la semana pasada, los veredictos fueron decepcionantes. Desde 2019, en los casos de este tipo presentados ante los tribunales del distrito, ninguna de las seis sentencias había reconocido el derecho de las víctimas a recibir una indemnización. Los jueces adujeron que el delito había prescrito, pese a que la mayoría de las sentencias reconocía que las esterilizaciones forzadas constituyen una violación de los derechos humanos de las víctimas garantizados por la Constitución japonesa.

El Tribunal Superior de Osaka desechó el encuadre general de la causa. Reconociendo que el cumplimiento estricto de la prescripción en estos casos "conduciría a importantes violaciones de los conceptos de justicia y equidad", el tribunal ordenó al gobierno que pagara a las tres víctimas. Matsuno Hirokazu, secretario jefe del gabinete, dijo que el gobierno estudiaría la posibilidad de apelar a la Corte Suprema, pero una de las víctimas pidió al ejecutivo que no procediera, ya que ni él ni su esposa podrían ver el veredicto final debido a su avanzada edad.

El Tribunal Superior de Tokio deberá pronunciarse sobre un caso similar el mes que viene, pero la sentencia de Osaka infunde esperanza a muchas víctimas que siguen con vida y a sus familias. Tal y como informa Kyodo News, las causas pendientes no llegan a la docena, pero las víctimas reconocidas por el Gobierno -y ya indemnizadas por la ley de 2019- serían casi 1.000. El muro de los prejuicios y la resistencia judicial cae poco a poco, y otras personas esperan abrirse camino.