Rangún, equipo de monitoreo: 3 mil civiles asesinados por el golpe. El último es una religiosa

Es el último informe de la Asociación de Asistencia a Presos Políticos, que no incluye en el recuento a los combatientes contrarios al régimen. Más de 15.000 personas siguen en la cárcel. En algunas prisiones se ha denunciado violencia contra las mujeres. Continúan los bombardeos en el estado de Chin tras las conquistas territoriales de las milicias.

Rangún (AsiaNews) - El número de civiles asesinados por la junta golpista birmana llegó a 3.000 el 17 de febrero, según la Asociación de Asistencia a los Presos Políticos (AAPP), una organización que monitorea el número de muertes y arrestos tras la toma del poder por parte de los militares el 1 de febrero de 2021.

La última víctima registrada por AAPP es una religiosa llamada Sate, que fue asesinada en la región central de Sagaing. La mujer, de 70 años, murió quemada en su casa porque no pudo escapar cuando las tropas del ejército prendieron fuego a la aldea de Let Pan Hla, en el municipio de Khin-U. Según el informe de la AAPP (que no incluye a los combatientes contra el régimen, sino solo a los civiles) al menos 1.229 personas, el 41% del total de víctimas, fueron asesinadas solo en la región de Sagaing por el ejército y una milicia afiliada al régimen llamada Pyu Saw Htee. Naciones Unidas estima que en los últimos dos años incendiaron al menos 39.000 viviendas.

Tras el golpe de Estado que puso fin al gobierno democrático de Aung San Suu Kyi comenzó un brutal conflicto civil entre el ejército y las fuerzas de resistencia, formadas por grupos de defensa popular (brazo armado del Gobierno de Unidad Nacional en el exilio) y las milicias étnicas históricas del país, algunas de las cuales luchan por su autonomía desde la independencia de Myanmar del dominio colonial británico.

Además, continúa el informe de la AAPP, tras el golpe de Estado fueron detenidas al menos 19.739 personas, de las cuales 15.882 siguen en la cárcel. Según fuentes locales, las presas políticas son torturadas y maltratadas diariamente por el personal penitenciario de la cárcel de Obo en Mandalay. A principios de este mes, algunas mujeres resultaron heridas por las agresiones y se les negó el tratamiento adecuado. Activistas y ex presos políticos afirman que todas las cárceles del país violan los derechos humanos de los reclusos.

Al mismo tiempo la Junta Militar llevó a cabo en las últimas semanas una serie de ataques aéreos en el estado occidental de Chin, donde se concentra parte de la comunidad cristiana, en un intento por recuperar el control de la ciudad de Thantlang, según declaraciones del Chin National Army (CNA), una milicia étnica local afiliada al Chin National Front (CNF). Según portavoces del movimiento, la semana pasada los militares lanzaron al menos 20 bombas en un solo ataque; la junta también desplegó helicópteros Mi-35.

La noche del 9 de febrero los guerrilleros del CNA habían atacado la estación de policía de Thantlang, donde se encontraban miembros del ejército y la policía, y tomaron posesión de la ciudad. La población civil -unas 10.000 personas- abandonó el centro, que ha pasado a ser una línea del frente entre los soldados y las milicias de la resistencia. “Los militares ya no pueden enviar refuerzos desde Hakha [la capital del Estado, donde hay una base militar del ejército birmano]. Hemos cortado las rutas de suministro a Thantlang. No tenemos intención de retirarnos aunque lancen ataques aéreos todos los días”, dijo un portavoz de la CNF.

El peso de los combates lo soporta la población civil: según datos de la ONU, tres de cada 10 niños menores de cinco años padecen raquitismo debido a una alimentación insuficiente, mientras que en este momento hay al menos cinco millones de menores que necesitan asistencia humanitaria en Myanmar. Debido al conflicto, en todo el país hay al menos un millón y medio de desplazados internos.