Marcos Jr. quiere sacar a Manila de la lista negra del reciclaje

de Stefano Vecchia

Entre los compromisos prioritarios fijados para 2024 por la presidenta filipina figura la adopción de las medidas exigidas por el organismo internacional con sede en París en materia de transparencia financiera. Un paso crucial para las relaciones internacionales, pero también para hacer más fluida la entrada de remesas de los emigrantes.

Manila (AsiaNews) - El año que acaba de abrirse será de gran importancia para Filipinas, también en el plano de las relaciones internacionales. En particular, la rivalidad territorial con China abre a Manila la necesidad de adherir más estrechamente a sus compromisos con las diplomacias y las organizaciones.

Entre las prioridades indicadas por el presidente Ferdinand Marcos Jr figura la exclusión de la lista de países señalados como centros de blanqueo de dinero y carentes de controles sobre la financiación del terrorismo. Una "calificación" negativa que corre el riesgo no sólo de chocar con las leyes nacionales, sino también de proyectar una mala imagen del archipiélago en un momento en que la administración intenta fomentar las inversiones y las relaciones. De hecho, se acerca la fecha límite de finales de enero (una prórroga de la primera de enero de 2023) fijada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que en junio de 2021 había pedido a Manila que resolviera las deficiencias detectadas.

Para Manila, cumplir con las exigencias de la institución con sede en París es también una necesidad para facilitar las remesas de millones de filipinos en el extranjero como residentes o emigrantes laborales. En este sentido se inscribe el claro llamamiento del Fondo Monetario Internacional a redoblar los esfuerzos para resolver los ocho puntos pendientes del programa de regularización. Entre ellos figuran los controles inadecuados de las irregularidades en los casinos y el insuficiente registro de empresas no financieras (por ejemplo, joyeros) o profesionales como abogados y contables.

La insistencia de Fatf se centra ante todo en una detección más precisa y una persecución legal del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, que han arraigado en Filipinas en paralelo a la propagación de actividades delictivas basadas en el uso de plataformas sociales, criptodivisas, juegos de azar y otros medios.

El llamado a un mayor compromiso lanzado por la presidenta filipina concierne principalmente a la Oficina de Aduanas, la Sociedad Filipina de Ocio y Juego y el Consejo Antiterrorista, así como, por supuesto, al Consejo Antiblanqueo de Capitales.

En el archipiélago existe una fuerte resistencia a las leyes contra el blanqueo de dinero y la corrupción, y feroces grupos de presión se oponen a un mayor control de las transacciones bancarias. Esta situación, según informan hoy los medios filipinos, tiene graves consecuencias. Por ejemplo, permitió que hasta 81 millones de dólares retirados de la cuenta del Banco Central de Bangladés en la Reserva Federal de Nueva York desaparecieran en 2016 tras ser desviados a dos casinos y un operador turístico en Filipinas.