La drástica caída en el uso de este medio de transporte público en los últimos años ha llevado a algunas empresas a suspender el servicio. Ahora una nueva normativa del gobierno nacional establece que las administraciones locales deben garantizar su funcionamiento. Precisamente cuando la deuda "oculta" de estas en China ya ha alcanzado niveles récord.

 

Beijing (AsiaNews/Agencias)- A partir del 1 de diciembre las autoridades locales de la República Popular China deberán asumir la responsabilidad directa de la gestión y financiación de los servicios públicos de autobuses. Y “sin el consentimiento de los gobiernos municipales, las empresas no podrán interrumpir los servicios”. El gobierno central chino dio a conocer en los últimos días el nuevo "Reglamento del transporte público urbano", que aborda uno de los tantos aspectos del grave problema de la deuda de las administraciones locales chinas.

En efecto, está aumentando el número de empresas de transporte público con graves problemas de liquidez y varias empresas han suspendido sus servicios y están atrasadas en los pagos a su personal. El primer caso - indica el sitio web Sixth Tone - ocurrió en Shangqiou, en la provincia de Henan, donde ya a principios de 2023 la empresa local de autobuses había anunciado que cerraría debido a graves problemas financieros, lo que obligó a las autoridades locales a intervenir. La misma suerte corrieron en los meses siguientes otras empresas del sector en las provincias de Heilongjiang, Liaoning y Hebei.

Detrás de las dificultades financieras se esconde una fuerte caída de la demanda de los servicios de autobús públicos. Según un artículo de Yang Xinmiao, vicedirector del Instituto de Transporte de la Universidad de Tsinghua, publicado por China Newsweek, en los últimos años el número de viajes en autobús habría disminuido en unos 20 mil millones al año debido a la competencia de los servicios de alquiler de coches con conductor y de bike-sharing. Pero también ha pesado el rápido envejecimiento de la población china. En efecto, muchas ciudades han introducido programas de exención de pago para las personas de edad avanzada, lo que reduce aún más los ingresos de las empresas. De ese modo el servicio de autobuses se ha vuelto muy dependiente de la financiación estatal, y los subsidios públicos ahora representan más de la mitad de sus ingresos.

Pero esta carga recae enteramente en las finanzas locales, ya que el gobierno central ha reducido las subvenciones para la incorporación de los autobuses eléctricos que comenzaron a circular en 2015. Y algunas administraciones - que ya no pueden equilibrar la balanza debido al problema más general de las deudas de las administraciones locales - habían comenzado a incumplir los pagos y provocar la quiebra de las empresas, afirmando que no existía ninguna ley nacional que les obligue a hacerse cargo del servicio.

El nuevo reglamento, entonces, aborda directamente la cuestión, afirmando que las administraciones municipales son las principales responsables del transporte público urbano en las zonas bajo su jurisdicción. Por lo tanto, les pide que garanticen que la financiación del transporte público se incorpore en sus presupuestos municipales, de modo que puedan proporcionar puntualmente las subvenciones financieras a los operadores de servicios de autobús.

Sin embargo, esta medida será una nueva carga en un contexto que ya se encuentra en crisis. Los últimos datos facilitados por el Fondo Monetario Internacional afirman que la deuda "oculta" de las administraciones locales ya ha llegado a niveles récord en China. Precisamente para afrontar este problema, el Comité Central del Consejo Nacional Popular está discutiendo la posibilidad de conceder garantías para la emisión de nuevos bonos que den oxígeno a las arcas de las administraciones.

 

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