El precio de una unidad de coco en Tailandia, que antes de 2020 costaba 20 baht, ha caído hoy hasta los 2 baht, sumiendo en una crisis a los pequeños productores. Según los agricultores locales, unas pocas empresas vinculadas a capitales chinos controlan actualmente gran parte de la cadena de suministro, imponiendo precios extremadamente bajos y distorsionando el mercado.
Según la tradición popular china, el año en el que se enfrentan dos elementos de fuego es presagio de grandes convulsiones sociales. La última vez que ocurrió fue en 1966, con el inicio de la Revolución Cultural. Dos episodios ocurridos durante el periodo de Año Nuevo —la interrupción repentina de la gala televisiva de Henan y los mensajes sobre la «luna roja» en la Fiesta de los Faroles— confirman hasta qué punto, en tiempos de fuerte presión social, la idea de un vínculo entre el cielo y la tierra sigue arraigada.
Irán está bloqueando el paso por este enclave estratégico, por donde transita el 20% del crudo mundial, con misiles y minas. La India y Bangladés —siguiendo los pasos de China— intentan negociar con Teherán un salvoconducto para sus buques y evitar una crisis energética. Según datos de la EIA, hasta el 82% del volumen que sale de Ormuz se destina a los mercados asiáticos. Por su parte, Tokio tiene previsto empezar a utilizar de forma autónoma parte de sus reservas de petróleo a partir del 16 de marzo.
La nueva norma que aprobó hoy la Asamblea Nacional del Pueblo eleva al rango de ley el pensamiento del presidente sobre la "sinización" de los 56 grupos étnicos oficialmente reconocidos. La identidad Han se define como el "tronco" del país, mientras que las demás culturas se comparan con "ramas u hojas". La ley impone la enseñanza en putonghua (chino estándar) desde la etapa preescolar, lo que ha encendido las alarmas entre tibetanos, uigures y mongoles, que temen una mayor represión de su identidad cultural.
Presentada oficialmente como una "medida fiscal", esta iniciativa supone en realidad un nuevo endurecimiento de la vigilancia digital en el país que, tras el golpe de Estado, lleva más de cinco años sumido en la guerra civil. Al rastrear los dispositivos, el régimen no solo busca reprimir a la oposición, sino que también controla la vida cotidiana de la población mediante herramientas tecnológicas facilitadas por empresas chinas.
Tras una larga investigación, Roma ha expulsado a ocho ciudadanos chinos acusados de vigilar e intimidar a opositores y disidentes de la diáspora. El caso vuelve a poner el foco en las llamadas “comisarías de policía” chinas en el extranjero, que forman parte de una red de represión transnacional que opera en varios países.
