Yakarta: El presidente indulta a 44.000 presos, incluidos los activistas de Papúa

Los ministros que dieron a conocer la noticia citaron el hacinamiento en las cárceles, causado principalmente por las estrictas leyes contra el narcotráfico. Sin embargo, entre aquellos que podrían beneficiarse con la medida se encuentran también presos políticos que han criticado las acciones del gobierno indonesio en relación con Papúa, desde hace tiempo en busca de su independencia. Sin embargo, la población local es escéptica sobre los dichos del presidente Prabowo Subianto.

Yakarta (AsiaNews/Agencias) – El presidente indonesio Prabowo Subianto tiene la intención de indultar a decenas de miles de detenidos, entre ellos algunos activistas de la provincia oriental de Papúa (donde todavía hay movimientos independentistas activos), acusados de criticar al gobierno indonesio. La noticia fue publicada la semana pasada por el ministro de Justicia, Supratman Andi Agtas, quien comunicó que hasta 44.000 presos (aproximadamente el 30% del número total de reclusos, según el ministro) podrían obtener el indulto presidencial.

Hoy el Ministro de Derechos Humanos, Natalius Pigai, reiteró que “las consideraciones principales para el indulto son la compasión y el compromiso con la reconciliación, ambas prioridades fundamentales para el presidente”, pero después agregó que la liberación de los detenidos serviría para aliviar el hacinamiento en las cárceles de Indonesia, causado principalmente por las estrictas leyes para combatir el narcotráfico.

Después de casi 20 años en prisión, ayer volvieron a Australia cinco personas que en 2005 habían intentado contrabandear 8,3 kilos de heroína desde la isla de Bali. Australia comenzó a presionar para la liberación de los otros miembros de la banda cuando Indonesia ejecutó por fusilamiento a dos de los jefes del grupo en 2015.

Según datos de 2020 de Human Rights Watch, en las 464 cárceles de Indonesia hay 270.000 reclusos, a pesar de que tienen una capacidad de poco más de 130.000. Más de la mitad de la población carcelaria está detenida por delitos relacionados con el tráfico de drogas.

El ministro Natalius Pigai dijo que se estudiará la posibilidad de que el presidente indulte a los presos con trastornos mentales o enfermedades crónicas como el VIH, los que sufren adicción a las drogas, los menores, los ancianos e incluso los presos políticos condenados en virtud de la controvertida Ley de Información y Transacciones Electrónicas.

Entre aquellos que podrían recibir el indulto se encuentran también 18 personas encarceladas por criticar a las autoridades u organizar protestas contra el gobierno indonesio. Yakarta considera que es un “esfuerzo de reconciliación con nuestros amigos de Papúa. “El gobierno se propone hacer que Papúa sea más pacífica”, comentó hace pocos días el ministro de Justicia Supratman Andi Agtas.

La provincia de Papúa (que limita al oeste con Papúa Nueva Guinea) fue anexada a Indonesia en 1969 tras un referéndum muy cuestionado por la población local. El propio Prabowo Subianto, que sirvió en las fuerzas especiales indonesias, llamadas Kopassus, dirigió operaciones militares y represalias en Papúa (y Timor Oriental) para aplastar los movimientos independentistas, y fue acusado de violaciones de los derechos humanos. Hasta la actualidad, aunque Indonesia niega a los funcionarios de la ONU el acceso a la provincia, los activistas de derechos humanos cuentan 79.000 papúes desplazados por décadas de conflicto.

A pesar de la posibilidad de que los activistas papúes también sean indultados, la población indígena es escéptica y está preocupada desde hace mucho tiempo por las políticas del nuevo gobierno con respecto a la región. Después de que Prabowo asumió el cargo (sucedió a Joko Widodo en octubre), el gobierno anunció la reanudación del programa de transmigración, una política que introdujo por primera vez en la década de 1960 el presidente Suharto y que incentiva el desplazamiento de personas desde regiones densamente pobladas hacia zonas subdesarrolladas, como Papúa, lo que según la población local ha aumentado las desigualdades entre los nativos y los recién llegados. El programa se suspendió en 2001 cuando se concedió a la región una cierta forma de autonomía, pero según cifras oficiales, entre 1964 y 1999 al menos 78.000 familias indonesias se trasladaron a Papúa, más de 300.000 personas sobre una población indígena de 6,25 millones.