Un informe acusa al ex presidente Rajapaksa de obstruir las investigaciones sobre fosas comunes

de Melani Manel Perera

El documento fue elaborado por varios grupos del tercer sector. Se han encontrado más de 550 cuerpos de las masacres perpetradas por los militares desde la década de 1980, pero muy pocos han sido identificados y devueltos a sus familias. Una madre activista: “Los testigos de esos crímenes están desapareciendo”.

Colombo (AsiaNews) - Se acusa al ex presidente de Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, de alterar los registros policiales para obstaculizar las investigaciones sobre las fosas comunes que se descubrieron en una zona donde él prestó servicio como oficial militar durante una rebelión marxista en 1989. Las acusaciones están contenidas en un informe titulado "Mass Graves and Failed Exhumations" publicado por algunos grupos de activistas: Journalists for Democracy in Sri Lanka (JDS), International Truth and Justice Project (ITJP), Centre for Human Rights and Development (CHRD) y Families of the Disappeared (FoD).

“Gradualmente van desapareciendo los testigos de los crímenes: 178 madres de desaparecidos ya han muerto en los últimos años. Protestamos y luchamos para que se haga justicia, sin saber cuándo la vamos a conseguir”, dijo Manuvel Uthayachandra, madre y presidenta de Families of the Disappeared.

El documento pone en evidencia que los sucesivos gobiernos de Sri Lanka han interferido en la investigación de las fosas comunes, señalando que solo se han exhumado parcialmente 20 fosas comunes en los últimos 30 años y de los más de 550 cuerpos encontrados, casi ninguno ha sido identificado. "A ninguna de las numerosas comisiones de investigación de Sri Lanka se le encargó que examinara las fosas comunes, y al mismo tiempo se han obstaculizado todos los esfuerzos para descubrir la verdad", dice el documento, que se centra en el fracaso de las investigaciones en el distrito de Matale en el centro de Sri Lanka, y en la ciudad de Mannar, ubicada en la Provincia del Norte, donde se descubrió una fosa común en 2018.

“Trasladaron repentinamente a magistrados y peritos forenses, la policía demoró la ejecución de las órdenes judiciales, se negó el acceso a los sitios a los abogados de las familias, no se hizo ningún esfuerzo por encontrar testigos vivos, no se recopilaron datos ante-mortem y, en los rarísimos casos en los que alguien fue condenado, después recibió un indulto. “Para las familias de los desaparecidos, es una historia de tragedia sin resolver; los familiares se ven obligados a vivir y morir sin encontrar nunca a sus seres queridos”.

Según el informe, cuando en 2013 se descubrieron fosas comunes en Matale, Rajapaksa, que en aquel momento era oficial de Defensa, ordenó la destrucción de todos los registros policiales de más de cinco años en las comisarías de la región. Se sospecha que las fosas comunes datan de la época de la rebelión comunista contra el gobierno de Sri Lanka, entre 1987 y 1989. Rajapaksa, como oficial militar, participó en las operaciones contra los rebeldes. Después fue elegido presidente en 2019 y se vio obligado a renunciar en 2022 debido a las violentas protestas de los ciudadanos durante la peor crisis económica de la historia del país.

Brito Fernando, de Families of the Disappeared, explicó que después de tres décadas y 20 intentos de exhumación, solo un puñado de cuerpos han sido identificados y devueltos a sus familias: "Todos sabemos que decenas de miles de cuerpos yacen en fosas poco profundas en toda la isla" y por eso no podemos calificar los escasos progresos como mala suerte. Es una clara falta de voluntad política”, agregó.

K.S Ratnavale, director ejecutivo del Centre for Human Rights and Development, comparte esas palabras. En un comunicado de prensa afirmó: "El Departamento del Fiscal General considera estas investigaciones sobre las fosas comunes como parte de un procedimiento penal normal y es hostil a las familias de las víctimas. Esto resultó evidente durante la investigación de las fosas comunes en Mannar".