Tokio: pocos avances en la lucha contra el tráfico de seres humanos

de Guido Alberto Casanova

Así lo indica un informe del Departamento de Estado de los EE.UU. Un controvertido programa de aprendizaje creado en 1993 sigue permitiendo la explotación de los trabajadores inmigrantes. Los esfuerzos de la organización que debe supervisar la iniciativa son insuficientes.

Tokio (AsiaNews) - Japón tiene un problema de tráfico de seres humanos. Por desgracia, esto no es nada nuevo para el país asiático, pero el informe anual del Departamento de Estado de los EE.UU., publicado la semana pasada, ha vuelto a poner el foco en este asunto. Aunque el documento reconoce los esfuerzos realizados, Japón sigue encasillado en la categoría intermedia, lo que pone de manifiesto la gravedad de un problema generalizado incluso y sobre todo en los planes del gobierno para atraer trabajadores extranjeros al país. "El gobierno japonés no cumple plenamente las normas mínimas para la eliminación de la trata de seres humanos, pero está realizando importantes esfuerzos en este sentido", dice el informe.

El principal tema y motivo de controversia respecto a las autoridades japonesas es el plan de aprendizaje conocido como Technical Intern Training Program (TITP). Concebido en 1993 para atraer a ciudadanos de países en vías de desarrollo con un visado y un puesto de trabajo y formarlos profesionalmente en Japón, el programa ha sido criticado muchas veces por ser esencialmente una herramienta para explotar mano de obra extranjera barata.

Cientos de miles de ciudadanos de los países menos desarrollados de Asia Oriental participan en este programa. La mayoría procede de Vietnam, y en menor medida de China, Indonesia y Filipinas. En algunos casos, participar en el programa de formación significa sufrir abusos y malos tratos. Algunos de estos trabajadores inmigrantes han sido objeto de chantaje por parte de las empresas que los contrataron, restringiendo gravemente sus libertades personales. En los últimos meses ha salido a la luz el caso de tres trabajadoras vietnamitas que llegaron a Japón gracias al TITP: para resolver un conflicto con su empleador, las tres mujeres se habían afiliado a un sindicato, pero las autoridades del programa les ordenaron que lo abandonaran.

Para evitar este tipo de situaciones y prevenir los abusos contra los derechos humanos de los trabajadores migrantes, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Trabajo crearon en 2017 una organización (llamada Otit) para supervisar el funcionamiento del programa. Sin embargo, según varios grupos de la sociedad civil, las intervenciones de la Otit en favor de los inmigrantes necesitados resultan insuficientes. “Se supone que la Otit debe proteger a los aprendices, pero tarda en actuar", dice un miembro de Posse, una organización que se ocupa de los conflictos laborales.

Otit se defiende diciendo que el deber de apoyar a los aprendices extranjeros recae en las organizaciones sin fines de lucro que actúan como intermediarias entre los trabajadores migrantes y los empleadores, y que su derecho a intervenir se limita a los casos en que el trabajo de estos últimos se considera insuficiente. El hecho es que los casos en los que interviene la organización que debe supervisar el buen desarrollo del programa son muy limitados. Ante las miles de denuncias de maltrato, sólo se ha retirado el permiso de intermediación a 33 organizaciones sin fines de lucro.

El problema también está surgiendo a los ojos del gobierno. De hecho, el informe estadounidense menciona que por primera vez las autoridades japonesas han reconocido que cuatro aprendices que participaron en el TITP fueron víctimas de la trata de seres humanos.