A pesar de que se presentó una propuesta elaborada por expertos jurídicos, el gobierno japonés descartó crear una comisión para revisar el recurso a la pena capital. El secretario del Gabinete citó el apoyo público a la medida, pero los juristas consideran que la población no ha sido adecuadamente informada.

 

Tokio (AsiaNews/Agencias)- El gobierno japonés rechazó ayer la posibilidad de abrir un debate sobre la abolición de la pena de muerte, en respuesta a la solicitud formal de revisión que había presentado el día anterior un grupo de expertos jurídicos y parlamentarios.

"El gobierno considera que no es oportuno abolir la pena de muerte", afirmó el secretario del Gabinete, Yoshimasa Hayashi, en una conferencia de prensa. "La pena de muerte es inevitable para una persona que ha cometido un crimen extremadamente grave y atroz", añadió, subrayando que sus declaraciones reflejan la voluntad de la mayoría de la opinión pública. Los expertos legales, sin embargo, consideran que las encuestas de opinión pública que se han realizado son parciales, porque no se había proporcionado previamente una serie de informaciones importantes sobre la pena capital.

El miércoles 13 de noviembre el grupo de 16 miembros - fundado en febrero por iniciativa de la Federación Japonesa de Colegios de Abogados - propuso al Parlamento que se creara una comisión para discutir si se debe mantener o no la pena de muerte. Citando el caso de Iwao Hakamata, un hombre de 88 años que pasó casi 50 años en el corredor de la muerte antes de ser recientemente absuelto del asesinato de cuatro personas, la solicitud del grupo subrayaba que "cuando se comete un error, lleva mucho tiempo corregirlo”.

El grupo de expertos, presidido por Makoto Ida, profesor de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de Chuo, añadió que la abolición de la pena de muerte se inscribe en una tendencia mundial (en el 70% de los países ya no está en vigor) y Japón y Estados Unidos son los únicos países industrializados del G7 que todavía imponen sentencias de muerte. La Unión Europea y Amnesty International también vienen presionando a Japón desde hace tiempo.

El grupo a favor de una revisión citó asimismo la modificación del Código Penal de Japón en 2022, cuando se introdujo la pena de detención con y sin trabajo, un cambio importante de un sistema punitivo a uno que se centra en la rehabilitación y la educación de los condenados, comentaron los juristas.

Desde el año 2000 se ha impuesto la pena de muerte a 98 personas en Japón. El caso más reciente fue en 2022, y cerca de un centenar de personas esperan la ejecución de sus condenas, la mayoría de ellas por asesinatos múltiples o especialmente graves.

(En la foto: El Centro de detención donde se encuentra una de las cámaras de ejecución de Japón, Wikimedia Commons)

 

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