Sri Lanka, "inconcluyentes" las investigaciones del gobierno sobre las desapariciones forzadas de la guerra civil

de Melani Manel Perera

Lo afirma una Ong activa en el campo de los derechos humanos, que obra en el nordeste del País. El presidente extendió por otros 6 meses la investigación del gobierno sobre los presuntos secuestros sucedidos durante el conflicto. Para la población, la etapa de investigación estuvo viciada por la presencia de los militares y la falta de intérpretes.

Colombo (AsiaNews)- Activistas para los derechos humanos y Ong locales juzgan "inconcluyentes" la primer etapa realizada por el gobierno sobre los presuntos secuestros y sobre la "desapariciones forzadas" que sucedieron en las provincias del norte y del este entre 1990 y 2009, durante la guerra civil. Mientras tanto, el presidente Mahinda Rajapaksa alargó por unos 6 meses más el mandato a la Comisión encargada de conducir tal investigación, que tendrá tiempo hasta el 12 de agosto de 2014 para recoger datos e informaciones. El jefe de Estado lo anunció el 21 de febrero pasado.

La primer etapa de investigaciones se cerró el 17 de febrero en el distrito de Jaffna (19-21 enero). Hasta ahora el grupo de expertos recibió 16 mil denuncias, provenientes de cada parte del País.

Diversos observadores notan la rapidez con la cual Rajapaksa decidió extender el mandato a la Comisión presidencial. El próximo marzo en Ginebra se tendrá una nueva sesión de encuentros, durante la cual el Concejo Onu para los derechos humanos debería presentar la tercera resolución contra el gobierno de Sri Lanka, acusado de presuntos crímenes contra la humanidad durante los 30 años de conflicto civil y de no haber hecho un eficaz proceso de reconciliación con la comunidad tamil.

Los tamil, segundo grupo étnico-lingüístico de Sri Lanka, fueron los más golpeados por la guerra civil, que se desarrolló sobre todo en el nord-este de la isla, donde éstos son mayoría.

Según la Ong Law and Sociaty Trust (Lst), la Comisión presidencial habría además conducido las investigaciones en modo discutible. En particular la asociación para los derechos humanos critica la masiva presencia de agentes de la policía y militares, que habrían "atemorizado" a las personas. "Es conocido- explica en un comunicado la Lst- que por años las familias de las personas desaparecidas han recibido amenazas continuas por parte de las fuerzas del orden y de oficiales del ejército". La presencia de éstos no habría facilitado la recolección de testimonios.

Además. La Ong critica el hecho que la Comisión se relacionó con la población usando documentos en inglés, bien sabiendo que la lengua oficial en el nord-este es el tamil y que mucha gente no conoce otro lenguaje. "Quien ha dado su propio testimonio-explica la Lst- tuvo la asistencia de intérpretes de la Comisión, sin tener modo de corroborar las informaciones por ellos dadas".