Phnom Penh: dos ONG denuncian microcréditos 'imprudentes'

El propósito de la microfinanciación debería ser garantizar el acceso a los servicios financieros incluso a la población de menores recursos. En Camboya, sin embargo, la falta de políticas de control ha provocado una crisis de endeudamiento en las zonas rurales.

Phnom Penh (AsiaNews/Agencias) – La semana pasada, dos grupos de la sociedad civil camboyana denunciaron los “graves daños” que están produciendo las instituciones de microfinanciación en el país. Licadho y Equitable Cambodia afirman que la International Finance Corporation (IFC), la rama del banco central que se ocupa de las inversiones privadas, no ha realizado los estudios pertinentes de los proyectos de microcrédito en Camboya, lo que ha llevado al endeudamiento extremo de las familias y a la consiguiente violación de una serie de derechos humanos. Según ambas ONG, seis instituciones de crédito financiadas por la IFC poseen alrededor del 75 por ciento de los microcréditos camboyanos.

Eso no sería un problema si no se concedieran préstamos a quienes no pueden permitírselo. El crecimiento del sector de la microfinanciación (que se ha promovido en los últimos veinte años como solución para el subdesarrollo de las zonas rurales) ha traído consigo un aumento desproporcionado de los endeudamientos. Un estudio del gobierno muestra que en 2019 y 2020 el monto promedio de la deuda por hogar aumentó un 85 % interanual, pasando de 9,6 millones de rieles (aproximadamente 2200 euros) a 17,7 millones (4185 euros).

En las zonas rurales la deuda está relacionada con la propiedad de la tierra, porque los micropréstamos suelen estar avalados por títulos de propiedad. Eso significa que el incumplimiento del pago conlleva la pérdida de la tierra, que generalmente es la única fuente de ingresos y medio de subsistencia de las familias camboyanas. Además de la venta obligada de las tierras, las elevadas deudas generan trabajo infantil, trabajo forzado y migraciones, explican Licadho y Equitable Cambodia. La CFI anunció que estudiará las observaciones formuladas por las ONG.

En 2017, el gobierno de Camboya había reconocido la necesidad de intervenir con una normativa que revisara la obligación de utilizar los títulos de propiedad como garantía y pusiera un tope a las tasas de interés excesivamente altas. Sin embargo, los cambios introducidos por dos decretos ministeriales no tuvieron los efectos deseados. Según algunos estudios del año pasado, la decisión de poner un límite a las tasas de interés -fijadas en el 18%- llevó a las entidades de crédito a aumentar los gastos de administración y a rechazar a los clientes más pequeños. Pero eso distorsiona el propósito original de la microfinanciación, que es brindar acceso a los servicios financieros incluso a las personas con menores ingresos.

En este momento las leyes camboyanas no limitan la incautación de garantías si los prestatarios están en mora y no existe ningún mecanismo que garantice la corrección de las prácticas. Las personas que solicitan un préstamo a menudo no reciben información financiera adecuada y muchas instituciones de crédito no se aseguran de que los préstamos se utilicen con fines productivos.