Ordinarios católicos de Tierra Santa: Israel y Palestina, una herida abierta e infectada. Rechazo a que las injusticias sean vistas como ‘normales’

La Comisión Justicia y Paz de la Asamblea de los ordinarios católicos de Tierra Santa se descarga contra la “normalización” de la situación israelí-palestina. El conflicto repercute en la vida cotidiana en Palestina e Israel: los palestinos sufren por las discriminaciones y la ocupación. Ignorar que se trata de una situación “anormal” significa colaborar con las injusticias y la falta de paz. El llamado a la Iglesia universal: tiene el deber natural de denunciar las injusticias.

Jerusalén (AsiaNews) – “Israel y Palestina son una herida abierta e infectada” y “la situación no puede ser considerada normal”. Son éstas las palabras con las cuales la Comisión Justicia y Paz de la Asamblea de los ordinarios católicos de Tierra Santa denuncian la “normalización” de la situación israelí-palestina, recordando el deber natural de la Iglesia de combatir las injusticias y promover el diálogo.

“La situación política en Israel y Palestina, lejos de ser normal”, está signada por un constante conflicto entre dos pueblos que tiene “un profundo impacto en la vida de todos los días”, tanto en Israel como en Palestina. En Israel todos los ciudadanos “en principio tienen equidad en cuanto a derechos” se refiere, pero en la vida real, los ciudadanos árabes son discriminados en muchos campos –desde el acceso al desarrollado hasta la instrucción- y de muchas maneras, tanto en forma directa, en la legislación, como de manera “indirecta y encubierta”. En Palestina, a pesar de la existencia de la Autoridad nacional palestina (ANP), los palestinos viven bajo una ocupación militar “que determina la vida de todos los días: construcción de asentamientos y rutas, legalización de construcciones israelíes en territorios palestinos que son propiedad privada, incursiones militares, asesinatos, arrestos arbitrarios, detenciones administrativas y castigos colectivos, confiscación de terrenos y destrucción de viviendas, limitación de movimientos en los puestos de control y la creación de numerosos obstáculos al desarrollo económico, además del impedimento a la reunificación familiar, una violación del derecho natural de los miembros de un mismo núcleo familiar a vivir juntos”.

En este contexto, “comportarse ‘como si’ estas cosas fuesen normales no tiene en cuenta la violación de los derechos humanos fundamentales”. Para los ordinarios católicos, “todas las personas y las instituciones involucradas en el mantenimiento de estas relaciones debieran ser conscientes de que algo ‘anormal’ necesita ser corregido, en lugar de permitir que lo ‘anormal’ se convierta en la orden del día”.

Ignorar o marginalizar el deber que se tiene de “usar de todos los medios legales disponibles y no violentos para promover plenos derechos y la absoluta igualdad de todos los ciudadanos” significa colaborar con las “estructuras de la discriminación, la permanencia de la injusticia y la falta de paz”.

Es más, “la Iglesia local en Israel-Palestina” tiene el deber de recordar a la “Iglesia universal” que la situación no puede ser considerada normal. Reconociendo la obligación que tiene la Iglesia de asegurar que todos sus institutos se desempeñen sin dificultades y de colaborar con las administraciones de los territorios donde ella opera, la Comisión recuerda que esto no puede “eclipsar el compromiso de la Iglesia por la justicia y su denuncia de todas las injusticias”. La Iglesia no está ligada a ninguna posición política, partido o ideología, pero no puede ignorar todo aquello que “pone en peligro la paz y el bienestar de la persona humana” y no puede “jamás ignorar las injusticias haciendo ‘como si’ todo marchase bien”. Su compromiso es el de denunciar las injusticias tal como hicieron “los profetas de la antigüedad”, y “alentar al diálogo entre todas las personas, incluso israelíes, los individuos y las organizaciones que reconocen la necesidad de poner fin a la ocupación y a la discriminación”.

“En la actual situación política, confusa y sin esperanza, las comunidades cristianas, las autoridades eclesiales y los fieles en singular, necesitan de una capacidad de discernimiento” y deben trabajar junto a sus conciudadanos por una “sociedad justa y equitativa” y por una “paz duradera y justa”.