Online Safety Bill: prensa y sociedad civil contra la ley liberticida

de Melani Manel Perera

Mañana el Parlamento tratará una controvertida ley sobre la libertad de expresión, fuertemente respaldada por el Ejecutivo. El año pasado se presentaron 8 mil denuncias, de las cuales 3 mil estaban relacionadas con el uso de las redes sociales. Según los críticos, hay lagunas en las disposiciones y definiciones vagas de los términos y delitos, con un riesgo considerable de interpretaciones arbitrarias y subjetivas.

Colombo (AsiaNews)- El Sri Lanka Press Institute (SLPI), sus miembros y las organizaciones afiliadas al mismo han expresado su grave preocupación por el proyecto de ley del gobierno denominado "Online Safety Bill" y sus implicaciones para la libertad de expresión y de prensa. Sin embargo, a pesar de las preocupaciones y temores manifestados por amplios sectores de la sociedad civil, el Ejecutivo tiene intención de continuar con el proceso, hasta el punto de que el controvertido proyecto de ley se presentará mañana, 23 de enero, ante el Parlamento.

El Ministro de Seguridad Pública Tiran Alas explicó a los medios que en el año que acaba de finalizar se registraron 8 mil denuncias, de las cuales aproximadamente 3 mil estaban relacionadas con las redes sociales. Por eso, independientemente de las presiones externas, ha decidido presentar mañana el proyecto de ley ante la asamblea, tal como estaba previsto.

El ministro recordó que los organismos internacionales y las embajadas ya han planteado dudas y críticas contra la ley, y han hecho presión para que no se presente. Él respondió con firmeza subrayando que esta ley fue pensada para proteger a las mujeres y a los niños de este país. Sin embargo, si bien el SLPI reconoce la necesidad de regular a los intermediarios de Internet, que es el tema principal del proyecto de ley, también identifica varios elementos controvertidos que son críticos para el trabajo de los periodistas, los medios de comunicación y toda la comunidad de Sri Lanka.

Considerando las enmiendas que se propondrán en la comisión parlamentaria en base al fallo de la Corte Suprema de noviembre de 2023, se espera que 31 de los 56 artículos sean revisados en consonancia con los principios de la democracia y la Constitución. El objetivo es mejorarlos para responder a la demanda de libertad de expresión de los medios, considerando también el aspecto referido a la autonomía y la definición de los delitos.

Según los críticos, el proyecto de ley tiene varias deficiencias en sus disposiciones, sobre todo una definición vaga de términos y delitos, lo que presenta un riesgo considerable de interpretaciones arbitrarias y subjetivas. Todo esto plantea serias preocupaciones sobre la potencial criminalización de diversas formas legítimas de expresión. Las ambigüedades podrían crear un entorno en el que todas las partes interesadas, incluidos los medios, duden en expresarse abiertamente, socavando los principios fundamentales de la libertad de expresión y contribuyendo a un clima de autocensura.

Tal como lo estableció la Corte Suprema, es necesario que la Comisión esté estructurada de manera tal que garantice su independencia, excluyendo cualquier influencia política o de otro tipo que pueda comprometer su imparcialidad. Se propone que los miembros sean designados por los órganos competentes sobre la base de criterios definidos, revisados por el Consejo Constitucional y luego recomendados al Presidente para su nombramiento.

El SLPI reitera que la ley debe reflejar un equilibrio en su contenido y finalidad y que, si bien es necesario abordar la desinformación y el discurso de odio en línea, las medidas no deben obstaculizar la libertad de expresión. “Este equilibrio - concluye la nota - es necesario para conservar una sociedad democrática, transparente y responsable”.