Moscú renuncia a la convención internacional contra la corrupción

de Vladimir Rozanskij

La había firmado en 1999. La corrupción se convierte en una "norma social", un comportamiento que no se puede castigar. Hace unos 10 años comenzaron las protestas contra la corrupción de Alexei Navalny. Putin completa la campaña en defensa de sus partidarios. Es una mutación genética del Código Penal con nuevas formas de "inmunidad" para los poderosos.

Moscú (Asia) - El presidente Putin ha propuesto a la Duma la aprobación de un nuevo proyecto de ley sobre la "denonsatsija" (denuncia-renuncia) de los acuerdos internacionales derivados de la Convención sobre responsabilidad penal por corrupción. Es el primero de los 48 países que lo firmaron en 1999 en retirarse, acentuando el aislamiento internacional de Rusia, pero sobre todo aceptando la corrupción como "norma social", un comportamiento que no puede ser sancionado.

La guerra de Putin que hoy hace estragos en Ucrania comenzó hace 10 años, dentro de su propio país, contra las protestas juveniles animadas por el fondo anticorrupción de Aleksej Navalny, que hoy languidece en el campo de concentración de Melekhovo en condiciones de salud cada vez más precarias. El sistema corrupto de oligarcas y bandas criminales es la verdadera reacción a la "depravación occidental", que obligaba a someterse a reglas muy rígidas para ser admitido en los mercados internacionales.

De hecho, la nueva ley especifica que el motivo del rechazo de la convención radica en la marginación de Rusia del "GRECO", el Group of States Against Corruption, que decidió el Consejo de Europa el 23 de marzo del año pasado, un mes después de la invasión de Ucrania. Los miembros del grupo son los países que firmaron los acuerdos de 1999, pero la agresión ha privado a Rusia del derecho a evaluar las actividades de otros países.

La nueva ley de Putin denuncia esta "discriminación" contra Rusia, que conduce a "acusaciones falsas" contra sus funcionarios y empresarios. Esto también pone fin a todas las investigaciones sobre las fechorías de la casta en el poder en Rusia, después de haber asfixiado y perseguido todos los medios de información que los denunciaron con leyes contra los "agentes extranjeros" y el cierre de las asociaciones activas en el ámbito social.

Las campañas contra los "palacios de Putin", los zapatos y villas de Medvedev y el lujo de tantos poderosos han provocado como consecuencia la "venganza" interna y externa del régimen. El último escándalo fue la denuncia, hace pocos días, de los fondos secretos pertenecientes a la familia del gobernador de San Petersburgo, Aleksandr Beglov, y, en las últimas semanas, de las propiedades ocultas por varios millones pertenecientes al comandante de las tropas rusas en Ucrania, el general Sergej Surovikin.

Precisamente en la víspera de Año Nuevo Putin había entregado un "regalo" a sus súbditos más leales al eximir a los funcionarios del Estado de la obligación de presentar declaraciones de rentas "durante el transcurso de la operación militar especial". Como escribió en Twitter el actual referente del Fondo Navalny en el exilio, Ivan Zhdanov, "el siguiente paso será la inclusión de la corrupción como norma constitucional".

Según los navalistas, la generación actual en el poder está envejeciendo de forma cada vez más deprimente y "no tienen otros métodos para mantenerse en el poder, no les sirven los mecanismos democráticos", comenta Ždanov. El objetivo de la Convención Anticorrupción es unificar las sanciones penales contra este flagelo social, permitiendo que los países miembros se ayuden mutuamente en la búsqueda de medios para combatirla a través de las fronteras. Pero hoy "todos estos mecanismos se han tirado por la borda", observa Ilja Šumanov, director de Transparency International–Russia, y asegura que “nos podemos olvidar de cualquier intercambio de información”.

El GRECO ya no tendrán los medios para controlar la observancia en Rusia de los más mínimos estándares de equidad en las transacciones financieras y esquemas comerciales, una señal más de la "falta de sumisión de Rusia a los estándares internacionales" en todos los niveles. La denonsatsija entra en vigor tres meses después del anuncio, y a partir de la primavera empezarán a verse las consecuencias concretas de la decisión de Putin, que privará a los ciudadanos rusos de cualquier instrumento de defensa contra la corrupción reinante. Es una "mutación genética del Código Penal", asegura Šumanov, con nuevas formas de "inmunidad" para los privilegiados y poderosos.