Manila: tras 6 años de cárcel, absolvieron a De Lima, paladín anti-Duterte

Se retiraron los cargos contra la ex senadora de 64 años en el último de los tres casos judiciales pendientes. De Lima ha pagado por su lucha contra las distorsiones y los abusos relacionados con la "guerra contra las drogas" del ex presidente. Fuera del juzgado, fue aclamada por sus partidarios. Se la acusó falsamente de haber financiado su candidatura a senadora en 2016 con dinero del narcotráfico.

Manila (AsiaNews)- Un tribunal filipino absolvió esta mañana, en la última de las tres causas pendientes, a Leila de Lima, de 64 años, probablemente la voz más crítica y combativa que intentó contrarrestar la sangrienta "guerra contra las drogas" del ex presidente Rodrigo Duterte. En efecto, los jueces han dictado un sobreseimiento definitivo en el caso por drogas y narcotráfico contra la ex-senadora, según confirmó a la prensa su abogado Filibón Tacardón. Esta es sólo una de las muchas batallas jurídicas que ha afrontada y ganado la política y activista, quien pagó con años en la cárcel su lucha por los derechos, las libertades y las distorsiones vinculadas a la campaña que llevó adelante el ex jefe de Estado al precio de decenas de miles de muertos y ejecuciones extrajudiciales.

El último de los diversos cargos - por el que también podía recibir cadena perpetua - se refería a haber recibido dinero de reclusos de la cárcel más grande del país para que les permitiera vender drogas, mientras era ministra de Justicia entre 2010 y 2015. En octubre de 2022 De Lima casi murió a manos de un detenido que la mantuvo como rehén dentro del centro de detención - considerado de máxima seguridad - de la Policía Nacional de Filipinas. Cuando comentó lo ocurrido, De Lima dijo que en aquel momento pensaba que "no saldría con vida".

La ex senadora fue recibida por exultantes partidarios fuera del tribunal como broche final de una maratón judicial que comenzó en 2017 con numerosos cargos, pocos meses después de la investigación que ordenó el Senado sobre la campaña antidrogas de Duterte. Críticos y grupos de derechos humanos han denunciado que la policía ejecutaba sumariamente a sospechosos de narcotráfico, sumado a las miles de muertes en circunstancias misteriosas, acusaciones que han sido sistemáticamente negadas por las fuerzas del orden afirmando que actuaban en defensa propia. El ex-presidente, cuyo mandato terminó en 2022, está siendo investigado por la Corte Penal Internacional.

De Lima cumplió 6 años y 8 meses de "prisión preventiva", sin pruebas concretas, y recién recuperó la libertad el pasado mes de noviembre por motivos de salud. En esa oportunidad volvió a asegurar que seguiría luchando por la justicia. La ex senadora es, en efecto, el ejemplo perfecto de la manera en que Rodrigo Duterte silenciaba a sus críticos y a la oposición. De Lima había cuestionado duramente al ex presidente por su sangrienta guerra contra las drogas que en pocos años mató a casi 30.000 personas, según estimaciones de varios grupos de derechos humanos. Por su lucha en favor de los derechos y contra las violaciones de las autoridades de Manila de aquel entonces, fue acusada de haber permitido el tráfico ilegal de drogas en la prisión de New Bilibid durante su mandato como Ministra de Justicia.

Según la acusación, De Lima también habría financiado con ese dinero su candidatura a senadora en 2016. A lo largo de los años siempre ha rechazado enérgicamente las acusaciones afirmando que éstas tenían motivaciones políticas, y efectivamente cuando terminó el mandato de Duterte muchas personas que habían testificado contra ella cambiaron su versión de los hechos. La campaña antidrogas se replanteó posteriormente cuando asumió el actual jefe de Estado, Ferdinand Marco Jr., hijo del ex dictador Ferdinand Marcos.

En el momento en que fue arrestada, la Iglesia filipina, sumamente crítica con la "guerra contra las drogas" de Duterte, también intervino con dureza para condenar el arresto de la senadora. En una entrevista con AsiaNews en marzo de 2017, el entonces obispo auxiliar de Manila, mons. Broderick S. Pabillo habló de "venganza política" debido a que "había provocado la ira de Duterte con sus investigaciones. Quieren hacerle pagar". "Estoy convencido - añadió el prelado - de que la Iglesia debe hacerse oír, no tanto como una voz crítica de las políticas de muerte del presidente, sino más bien para educar a la gente a rechazar la idea de que matar es la solución para nuestros problemas".