Manila, conflicto por las nuevas normas sobre los yipnis

de Stefano Vecchia

La autoridad de transportes confirmó el 30 de junio como fecha límite para unirse en cooperativas, primer paso de la modernización que debería hacer menos contaminante el medio de transporte más barato y popular para desplazarse por la metrópoli. Sin embargo, casi un tercio de los vehículos siguen siendo gestionados por propietarios privados que temen no poder asumir el costo de la transición.

Manila (AsiaNews) - Parece que en Filipinas continuará el tira y afloja en torno a los yipnis, el característico medio de transporte. Las autoridades llevan años presionando para que se eliminen o se modernicen radicalmente de acuerdo con las normativas medioambientales vigentes, pero sus propietarios cuentan con no poco apoyo entre los grupos menos favorecidos de la población, que los utilizan como medio de transporte económico.

Heredados de los todoterrenos de guerra que dejaron los estadounidenses en el archipiélago al final de la Segunda Guerra Mundial, los yipnis se construyen en infinidad de talleres, a menudo de forma artesanal, y sorprenden por su robustez y decoración, pero también por su capacidad de consumo y de contaminación. A finales de diciembre de 2022, volvieron a circular por las calles de la capital, Manila, después de un importante cierre debido a la pandemia. Son vehículos que para muchos siguen sin ofrecer alternativa, sobre todo en las zonas rurales, donde se utilizan para el transporte de pasajeros (el 52% de los viajeros los utilizan para distancias cortas) pero también para el traslado de mercancías por poco dinero, en rutas en cualquier condición y en todas las épocas del año.

De los 158.000 yipnis en circulación, según las autoridades competentes, sólo 96.000 se han adherido hasta ahora a la directiva de afiliarse a cooperativas u organizaciones de transporte como prevé la ley de modernización de vehículos e infraestructuras, mientras que se calcula que al menos 50.000 siguen en manos de propietarios particulares. Por tanto, corren el riesgo de verse obligados a parar cuando expire el plazo del 30 de junio, que -como reiteró Joel Bolano, responsable del Consejo de Franquicias y Regulación del Transporte Terrestre, organismo encargado de la gestión del transporte público- sigue siendo imperativo: "Si no optan por asociarse, no se prorrogarán las concesiones y ya no podrán circular", confirmó Bolano la semana pasada en rueda de prensa, recordando que el plazo ya se prorrogó varias veces.

Sin embargo, todavía quedan sobre la mesa dos nudos principales: en primer lugar, el costo de la transición a vehículos que consumen menos energía y contaminan menos, pero que tienen un costo que en promedio cuesta más del doble que un yipni y que, por tanto, está fuera del alcance de muchos propietarios privados u organizaciones de propietarios locales. Y luego está la necesidad de que los usuarios dispongan de una red de transporte igualmente amplia y, sobre todo, económica.

De momento, no parece que las autoridades estén dispuestas a dar marcha atrás y confirmaron que están estudiando medidas alternativas en caso de que no haya una adhesión aún mayor a sus directivas.