Malasia, pena de muerte a pesar de las reformas: el 38% debido a delitos relacionados con drogas
A pesar de que en 2023 se abolió la obligatoriedad, muchas de las condenas a muerte en Malasia todavía se deben a delitos relacionados con drogas. Preocupación de Amnesty International, que pide una moratoria alegando violaciones de los derechos humanos. La directora ejecutiva Vilasini Vijandran afirmó: "Mina la credibilidad del país". La distancia entre los criterios de los tribunales de grado inferior y de los tribunales superiores sobre esta materia es cada vez mayor.
Kuala Lumpur (AsiaNews) - Amnesty International Malaysia ha expresado una fuerte preocupación por la persistente aplicación de la pena de muerte en el país del sur de Asia por delitos relacionados con las drogas, a pesar de las amplias reformas que deberían haber llevado a la superación de esta práctica.
Vilasini Vijandran, directora ejecutiva interina, observó que el 38% de las nuevas condenas a muerte dictadas por el Tribunal Superior en los últimos meses se refieren precisamente a delitos relacionados con las drogas, lo que plantea dudas sobre la voluntad real del país de respetar los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
En 2024 Oriente Medio fue la región con el mayor número de condenas capitales: Irán, Irak y Arabia Saudita llevaron a cabo el 91% de las ejecuciones globales. En su último informe, Amnesty International denuncia el uso de la pena de muerte para reprimir la disidencia y las minorías, y pide una moratoria, señalando las graves violaciones de los derechos de los detenidos, sobre todo por delitos relacionados con las drogas.
Haciendo referencia a las normas del derecho internacional, la directora destacó en un comunicado que los delitos relacionados con las drogas no entran en la categoría de los “crímenes más graves” - una clasificación reservada, según las Naciones Unidas, a delitos como el homicidio intencional, en los que la pena capital puede eventualmente justificarse, pero solo en casos excepcionales -. "Seguir condenando personas a muerte por delitos no letales, sobre todo a la luz de las propias reformas legislativas malasias, socava la credibilidad del país en el escenario internacional", añadió.
Aunque el Tribunal Superior es el órgano judicial que ha dictado todas las recientes condenas a muerte, los datos muestran que la Corte Federal sólo ha confirmado 43 condenas capitales en total, ninguna de ellas por delitos relacionados con drogas. Esto indica una creciente brecha entre las prácticas de los tribunales de grado inferior y la supervisión de los tribunales superiores, lo que pone aún más de relieve la necesidad de una mayor coherencia en la aplicación de la justicia después de la reforma.
En julio de 2023 Malasia aprobó la ley sobre la abolición de la obligatoriedad de la pena de muerte para algunos delitos. Un paso que fue ampliamente aclamado como una reforma histórica que eliminaba el automatismo de la pena capital para once delitos, entre ellos el homicidio, el terrorismo y el tráfico de drogas.
A los jueces se les concedió un margen de discrecionalidad para imponer penas alternativas, como la reclusión de 30 a 40 años y la flagelación, superando así el enfoque uniforme que había suscitado críticas durante años. Como resultado de la reforma, la población carcelaria en el corredor de la muerte se redujo casi un 90%, ya que muchas condenas fueron conmutadas por penas de prisión de larga duración.
A pesar de los progresos, Vilasini Vijandran reiteró que mantener la pena de muerte - aunque a discreción del juez - para los delitos de drogas sigue siendo una mancha en el perfil de derechos humanos de Malasia, sobre todo ahora que el país ocupa la presidencia de la ASEAN.
"Abolir completamente la pena de muerte para los delitos de drogas sentaría un poderoso precedente para toda la región", afirmó. "También otorgaría a Malasia mayor autoridad para proteger a sus ciudadanos condenados a muerte en otros países, siempre que este compromiso esté respaldado por reformas significativas a nivel interno".
El Sudeste Asiático sigue siendo una de las pocas regiones del mundo donde la pena de muerte todavía se aplica activamente, sobe todo por delitos relacionados con las drogas. Singapur mantiene una línea dura y continúa llevando a cabo ejecuciones en la horca según lo previsto en la Ley de Uso Indebido de Drogas. El país reanudó las ejecuciones en 2022 tras una pausa de dos años debido a la pandemia.
Indonesia mantiene la pena de muerte para delitos graves, incluyendo los relacionados con las drogas, pero no ha llevado a cabo ninguna ejecución desde 2016, lo que configura una moratoria de facto. Tailandia todavía permite la pena capital, pero no ha habido ejecuciones desde 2018 y el papel de la discrecionalidad judicial está en aumento.
Vietnam continúa practicando ejecuciones, aunque los datos son secreto de Estado (al igual que en China y Corea del Norte). Se cree que la mayoría de estos delitos están relacionados con drogas. Filipinas abolió la pena de muerte en 2006, pero periódicamente surgen propuestas políticas para reintroducirla, sobre todo en relación con el narcotráfico.
En este contexto, las reformas introducidas en Malasia en 2023 fueron recibidas como un paso adelante. Sin embargo, el continuo recurso a la pena capital por delitos de drogas, aunque a discreción de los jueces, sitúa al país en desacuerdo con una tendencia regional y global cada vez más orientada a abandonar la pena de muerte, sobre todo para los delitos no violentos.
31/03/2021 11:01
