Los Pasdaran detienen a una cristiana conversa y le confiscan biblias e instrumentos.

La operación llevada a cabo por agentes de paisano en la provincia de Mazandaran se remonta a principios de mes, pero no ha salido a la luz hasta estos últimos días. En la celda se encontraba Somayeh Rajabi, que participaba en una reunión de 80 creyentes en el norte de Irán. Se llevaron a cabo requisas corporales y se arrancaron a la fuerza cruces y collares. Grupos de activistas denuncian una «escalada aterradora» de las ejecuciones, cuyo número se ha subestimado.

Teherán (AsiaNews) - Los cristianos siguen en el punto de mira de las autoridades iraníes: según informa Article18, un sitio web especializado en documentar abusos y limitaciones en el ámbito del culto en la República Islámica, agentes de paisano del Cuerpo de Guardias de la Revolución Islámica (IRGC) irrumpieron en una reunión de unos 80 fieles en el norte del país. La operación de los Pasdaran tuvo lugar a principios de mes, aunque la noticia acaba de conocerse, y se saldó con la detención de uno de los participantes, así como con la confiscación de numerosos ejemplares de la Biblia e instrumentos musicales.

La cristiana Somayeh Rajabi (en la foto de Mohabat News), conversa del Islam, acabó en la cárcel el 6 de febrero. Participaba en una reunión de creyentes organizada en Gatab, ciudad de la provincia de Mazandaran. Según testigos, al menos 20 miembros de las fuerzas de seguridad participaron en la operación, llevada a cabo a última hora de la tarde, a la que también asistieron cristianos de ciudades vecinas, como Gorgan y Babol.

Se confiscaron biblias, instrumentos musicales y dispositivos de comunicación, mientras que agentes de civil exigieron el acceso a datos personales y contraseñas de teléfonos móviles. Según los informes, los Pasdaran también realizaron registros corporales, identificaron a quienes llevaban collares con cruces y se los arrancaron por la fuerza y golpearon a varias personas. Además, el personal médico que había intervenido para asistir a los heridos fue detenido por los agentes.

Al día siguiente de la detención, Somayeh pudo hacer una breve llamada telefónica a su familia, informándoles que la habían trasladado a una prisión de Sari, la capital provincial de Mazandaran. Aunque al día de hoy todavía no hay cargos oficiales contra la mujer cristiana, sigue en prisión más de dos semanas después de su detención. Además, las autoridades iraníes tienen por costumbre allanar los domicilios de los cristianos conversos y las iglesias domésticas, confiscando libros religiosos, cruces y otros símbolos cristianos, así como efectos personales. Y no es la primera vez que los instrumentos religiosos -y musicales- son un objetivo específico.

En la presentación del último informe anual de Article18 en Ginebra el mes pasado, el ex preso de conciencia Amin Afshar-Naderi declaró que un cancionero utilizado para dirigir el culto «fue citado en mi sentencia judicial como prueba de actividades cristianas ilegales». El libro también se utilizó supuestamente «como justificación de la acusación de mi papel como líder de una iglesia casera. En los informes sobre mí, incluso la música fue descrita como una herramienta para engañar a los demás, a pesar de que es universalmente reconocida en el culto cristiano como un medio para glorificar a Dios». Al igual que Somayeh, la detención de Amin se produjo mientras se reunía con otros cristianos en un jardín privado; en aquella ocasión, sólo para hacer un picnic.

Por último, los dirigentes de la República Islámica siguen recurriendo ampliamente a la pena de muerte, y las cifras correspondientes a 2024 revelan una «escalada aterradora» de 975 ejecuciones. La mayoría de los casos en los que se recurrió al verdugo tenían que ver con delitos relacionados con drogas, asesinatos o violaciones, pero también con cargos más vagos dirigidos contra disidentes, opositores o voces críticas. Se trata de la cifra más alta desde que comenzó el censo en 2008 pero, según la organización Iran Human Rights (Ihr), con sede en Noruega, y la ONG francesa Together Against the Death Penalty (Ecpm), estaría muy infravalorada porque casi el 90% de las ejecuciones no se hacen públicas. Entre las 975 personas ahorcadas el año pasado -un aumento del 17% con respecto a 2023-, 31 eran mujeres y cuatro fueron ahorcadas en público, sin que faltaran menores en el momento del crimen.