La nueva división de la propiedad en Moscú

de Vladimir Rozanskij

En el marco de la reconversión hacia una economía de guerra llevada a cabo en los últimos tres años, la Fiscalía General de Rusia ha incautado a particulares 411 grandes empresas, cuyos activos superan los 30.000 millones de dólares. Entre los principales gestores de estas operaciones estarían los dos hermanos oligarcas más cercanos al Presidente Vladimir Putin, Arkadij y Boris Rotenberg.

Moscú (AsiaNews) - Desde el comienzo de la guerra en Ucrania, en Rusia se está llevando a cabo una redefinición de la propiedad, con una serie de nacionalizaciones de las empresas más sensibles con fines bélicos y su conversión en economía de guerra. Entre los principales protagonistas de estas operaciones, como escribe, entre otros, el Financial Times, se encuentran los dos hermanos oligarcas más próximos al presidente Vladimir Putin, Arkadij y Boris Rotenberg, de acuerdo con el gobierno de Mijaíl Mišustin.

En los últimos tres años, la Fiscalía General de Rusia ha confiscado a particulares 411 grandes empresas con un patrimonio superior a 2,5 billones de rublos, más de 30.000 millones de dólares. En la actualidad, se está tramitando la nacionalización del único aeropuerto privado de Moscú, Domodedovo, por la nacionalidad extranjera de sus propietarios, Dmitry Kamenščik y Valery Kogan. Además, el propio Putin insta constantemente a la agencia inmobiliaria Rosimuščestvo con disposiciones y decretos a transferir al Estado los activos de las empresas que pretenden abandonar Rusia debido a la guerra.

Como resultado, los bienes muebles e inmuebles de Danone, la fábrica de cerveza Baltika, que estaba en manos de la danesa Carlsberg, el fabricante alemán de artículos para el hogar Bosch y la empresa italiana de electrodomésticos Ariston acabaron en manos del Estado. Según los comentarios del Financial Times, estos procedimientos están motivados básicamente por el hecho que «a Putin no le interesa la economía, sólo le importan la guerra y la geopolítica», confiando para ello los mecanismos económicos a los hermanos Rotenberg. Ellos serían los encargados de diseñar todo el nuevo concepto, con el equipo de especialistas, juristas y consultores analizando los datos y buscando nuevos negocios que atribuir al Estado, a través de los instrumentos de la fiscalía.

Arkadij Rotenberg es conocido por ser amigo de la infancia de Putin, y su sparring en las sesiones de judo en Leningrado, uno de los hombres más ricos e influyentes de Rusia. Según las estimaciones de Forbes de 2025, la fortuna de Arkadij asciende a unos 5.500 millones de dólares. Uno de sus proyectos más grandiosos y simbólicos fue la construcción del puente de 19 kilómetros sobre el golfo de Kerč, que une Crimea con la costa rusa tras la anexión de 2014, con un gasto del presupuesto estatal de 3.500 millones de dólares. Como informa Proekt, las instalaciones de Rotenberg se han hecho con propiedades en Crimea por valor de 4.000 millones de dólares, y sus empresas están construyendo una nueva ruta similar al puente de Crimea, el ferrocarril de Donetsk a Mariupol.

Arkadij se apropió del suntuoso palacio presidencial de Gelendžik en 2021, lo que fue denunciado en un famoso documental de Aleksej Naval'nyj, eximiendo de toda responsabilidad a su amigo Vladimir. Su hermano menor, Boris, es a su vez multimillonario y vicepresidente de la Federación Rusa de Judo, además de propietario del equipo de fútbol Soči. Ambos Rotenberg están sometidos a sanciones estadounidenses y canadienses desde 2014, a las que se sumaron las declaradas tras la invasión de Ucrania en 2022, junto con otros muchos oligarcas rusos acusados de apoyar la guerra. A principios de abril de este año, durante las negociaciones entre Putin y Trump, se levantaron sorprendentemente las sanciones a la esposa de Boris, Karina Rotenberg, a quien se atribuye la propiedad de la mitad de los inmuebles de su marido en Occidente.

Como explica Kirill Gorlov, jurista de Transparencia Internacional-Rusia, no existe un esquema único para los procedimientos de nacionalización, sino varios enfoques, que «recurren a cuestionar las enajenaciones a particulares en los años 90, remontándose a la época soviética». O aplican las nuevas normas de acusar a los propietarios de «extremismo», lo que permite transferir automáticamente activos al Estado, incluso utilizando formas de «administración temporal», y luego resolverlo todo con decretos gubernamentales, entregando las empresas “comprometidas” a otras consideradas «leales al Estado», como las de los hermanos Rotenberg. Una de las más utilizadas es Roskhim, empresa química propiedad de los hermanos, que ya se ha hecho con al menos tres grandes empresas del sector, ganando fácilmente la subasta para su enajenación.

Al mismo tiempo, las perspectivas de un acuerdo de paz han estimulado nuevas condiciones y mecanismos para el regreso de las empresas extranjeras a Rusia, una cuestión aún por establecer debido a la resistencia de las instituciones, pero que cuenta con el amplio consenso de la población. Esto deberá ir acompañado de la descongelación de los activos de particulares y empresas rusas que permanecen congelados en el extranjero desde 2022, un asunto que también está abordando la presidenta del Banco de Rusia, Elvira Nabiullina, para equilibrar las cuentas de la nueva economía de «guerra y paz» de la Rusia de Putin.