La Junta birmana concede un indulto "ficticio" a Aung San Suu Kyi

Según algunas fuentes, la ex dirigente del país permanecerá bajo arresto domiciliario ya que se trata de una medida para aliviar la presión de la comunidad internacional. El Departamento de Estado norteamericano denunció ayer la prolongación del período de emergencia, que provocará una nueva escalada de violencia. Mientras crece el hambre entre la población, el jefe del ejército aumentó las pensiones de los partidarios del régimen militar.

Yangon (AsiaNews) - La junta golpista de Myanmar decidió conceder un indulto parcial a la ex líder Aung San Suu Kyi, de 78 años, encarcelada por los militares durante el golpe del 1 de febrero de 2021 y condenada a 33 años de prisión después de un juicio ficticio en el que fue acusada de diversos cargos, desde posesión ilegal de walkie-talkies a la violación de secretos de Estado.

Según el portavoz de la junta militar, Zaw Min Tun, la condena de la premio Nobel de la Paz se reducirá a seis años, mientras que la del presidente U Win Myint, también detenido durante el golpe, se reducirá a cuatro. Junto a ellos, también han sido indultados más de 7.000 presos políticos, pero en el pasado los militares liberaron en repetidas ocasiones a detenidos con motivo de ceremonias y festividades nacionales con la intención de volver a detenerlos inmediatamente después. En los últimos días, Aung San Suu Kyi había sido trasladada de una prisión de la capital, Naypyidaw, a arresto domiciliario y, según una fuente anónima oída por Reuters, la "Señora" seguirá detenida: "Es una señal para la comunidad internacional, pero no se ha hecho nada sustancial", dijo, añadiendo que se trata de "un movimiento cosmético".

Y, de hecho, no se habla de una mejora de las condiciones en el país, donde desde hace más de dos años se libra un brutal conflicto civil entre las tropas del ejército y las fuerzas de resistencia, formadas por las milicias étnicas de Myanmar y las Fuerzas de Defensa Popular, brazo armado del exiliado Gobierno de Unidad Nacional.

Ayer, el jefe del ejército, general Aung Min Hlaing, prorrogó el estado de emergencia otros seis meses, aplazando una vez más las elecciones previstas para agosto, pero que en cualquier caso resultan una farsa, según los comentaristas. "Para que las elecciones sean libres y justas, y también para que se pueda votar sin miedo, siguen siendo necesarias medidas de seguridad y, por tanto, hay que prorrogar el periodo del estado de emergencia", fue el mensaje difundido por la Junta a través de la televisión estatal. En respuesta al anuncio, el Departamento de Estado estadounidense comentó que, con esta medida, es probable que aumenten la inestabilidad y la violencia en Myanmar: "La brutalidad generalizada del régimen y su desprecio por las aspiraciones democráticas del pueblo birmano siguen prolongando la crisis", declaró el portavoz Matthew Miller.

Mientras continúan los enfrentamientos armados en todo el país, el número de desplazados internos ha aumentado a casi 2 millones, según la ONU, mientras que unos 18 millones de personas, un tercio de la población, necesitan algún tipo de ayuda humanitaria. Según un informe del Banco Mundial del mes pasado, los niveles de desnutrición y hambre van en aumento: el 48% de los hogares rurales declararon estar preocupados por no tener qué comer, frente al 26% del año pasado.

Ha habido un ligero crecimiento económico en los últimos 12 meses, prosigue el documento, pero ha sido muy desigual y los segmentos más pobres de la población son los que más están sufriendo las consecuencias de la guerra civil. Mientras tanto, sin embargo, el general Min Aung Hlaing ha decidido aumentar las pensiones de los funcionarios que ocuparon cargos importantes durante los gobiernos militares precedentes. Los beneficiarios - que a partir de 2.000 kyat recibirán 1,5 millones (715 USD) - son en su mayoría antiguos soldados o partidarios del ejército.