La Belt and Road del G7 cambia de nombre, pero sus limitaciones se mantienen

de Emanuele Scimia

Rebautizada como Partnership for Global Infrastructure and Investment, debería reunir $ 600 mil millones de dólares en cinco años. El dinero se invertirá en proyectos de infraestructura "sostenible" para países en desarrollo. Con la crisis de la pandemia, la inflación y la guerra en Ucrania será difícil movilizar recursos. Los potenciales clientes prefieren tratar con Beijing, que impone pocas condiciones.

Roma (AsiaNews) - Hace un año se llamaba Build Back Better World, en su cumbre anual del 26 de junio los líderes del G7 lo rebautizaron como Partnership for Global Infrastructure and Investment: un cambio de etiqueta para poder convertirse en una verdadera alternativa a la Belt and Road Initiative de China, los problemas del Covid-19 y la invasión rusa a Ucrania.

Con su "nueva" asociación, las siete economías más avanzadas del mundo apuntan a recaudar 600.000 millones de dólares en cinco años para financiar proyectos de infraestructura en países en vías de desarrollo. El gobierno de Biden habla de un esfuerzo coordinado para salir al encuentro de las necesidades de los países más desfavorecidos, pero de manera “transparente” y cumpliendo altos estándares financieros, medioambientales, laborales y de seguridad. La inversión debe estar al servicio de la lucha contra el cambio climático, mejorar la salud a nivel global, promover la igualdad de género y fortalecer la economía digital.

En una óptica de competencia (confrontación) con China, la Partnership for Global Infrastructure and Investment llega en el momento oportuno. Como también señalan los observadores chinos, en los últimos cuatro años la Belt and Road ha sufrido una drástica reducción de las inversiones. Según el China Global Investment Tracker, la iniciativa lanzada en 2013 por Xi Jinping para aumentar el peso global de China por medio de inversiones en infraestructuras ha supuesto hasta ahora inversiones por 838.000 millones de dólares. Sin embargo, desde el pico de 130.000 millones en 2015 pasó a 63.500 millones en 2021.

La desaceleración de la economía china, agravada por las draconianas normas de contención del covid-19 y los efectos de la guerra ruso-ucraniana, podría reducir aún más las inversiones chinas en los 140 países socios de la Belt and Road.

Los recursos financieros son el primer obstáculo que también enfrentan los países del G7. Para la Partnership for Global Infrastructure and Investment, EE.UU. ha prometido financiación pública y privada por 200 millones de dólares, como una alternativa a los que ofrecen planes que en opinión de Washington son en realidad "trampas de deuda". La Unión Europea quiere aportar 316.700 millones de dólares para construir una alternativa "sostenible" a la Belt and Road. Entre los planes para la recuperación de la pandemia, la lucha contra la inflación y apoyar a Ucrania, queda por ver cuánto podrán destinar Washington y sus aliados; sin mencionar que no será fácil involucrar a inversores privados.

La Belt and Road ha sido objeto de críticas por financiar estructuras contaminantes como las plantas de carbón, por sus licitaciones opacas que favorecen a las empresas chinas y por el desplazamiento forzado de poblaciones para dejar espacio a las nuevas infraestructuras. La acusación más dura, sin embargo, es la de hacer que los países deudores dependan cada vez más del acreedor chino.

Pese a que un estudio de AidData reveló que 40 de los 50 préstamos más grandes otorgados por los acreedores estatales chinos han recibido garantías "colaterales" de los gobiernos clientes, los países en desarrollo no parecen querer renunciar al dinero de Beijing. Con toda probabilidad, el mayor problema para los gobiernos del G7 es desmontar una relación que se ha ido estructurando a lo largo del tiempo entre China y sus deudores.

Aunque paguen intereses más altos que los que ofrecen los gobiernos e instituciones occidentales, muchos países en vías de desarrollo privilegian la financiación y los proyectos chinos porque Beijing no les impone condiciones fiscales y financieras, restricciones ambientales y humanitarias o complejos controles de gestión y transparencia. En definitiva, los puntos en el que se basa la Partnership for Global Infrastructure and Investment.