Kuala Lumpur no anula la ley liberticida

de Steve Suwannarat

El gobierno malasio ha anunciado que no derogará la controvertida ley sobre amenazas a la seguridad, creada para luchar contra el terrorismo pero utilizada para reprimir toda forma de disidencia. Decepción de los parlamentarios de derechos humanos de la ASEAN: "Detener el uso de medidas que restringen las libertades fundamentales".

Kuala Lumpur (AsiaNews) - Decepción en Malasia, pero también expresada por diversos partidos políticos de los países miembros de la propia Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean), por la decisión del gobierno de Kuala Lumpur de no cancelar la Ley de Amenazas a la Seguridad-Acciones Especiales (Sosma). El anuncio hecho en los últimos días por el viceministro encargado del Departamento de Leyes y Reformas Constitucionales ha reabierto el debate sobre una norma concebida para luchar contra el terrorismo y que permite la detención sin juicio previo.

Tras subrayar que el gobierno malasio se ha declarado desde hace tiempo partidario de la reforma, muchos han pedido que se modifique la legislación actual de acuerdo con las normas internacionales para garantizar los derechos humanos fundamentales y evitar cualquier uso indebido contra grupos e individuos críticos con las autoridades o de leyes consideradas obsoletas o arbitrarias. Actos que suponen una amenaza constante para la protección de las autoridades y las supuestas sensibilidades primarias de la población.

En agosto, el activista Arun Dorasamy fue detenido por la policía e investigado en virtud de la Sección 504 del Código Penal y la Sección 233 de la Ley de la Comisión de Comunicaciones y Multimedia de Malasia, en relación con el uso indebido de Internet. El presunto delito de Dorasamy es haber criticado al primer ministro por presidir la conversión de un hombre hindú al Islam.

Desgraciadamente, éste es sólo uno de los muchos acontecimientos recientes que han suscitado nuestra preocupación", ha declarado Mercy Chriesty Barends, parlamentaria indonesia y presidenta de Parlamentarios de Asean por los Derechos Humanos, quien ha añadido: "Reiteramos el llamado que hicimos a principios de año al gobierno malasio para que muestre un compromiso inquebrantable con los derechos humanos, ponga fin al uso de medidas draconianas que restringen los derechos fundamentales y anule las leyes represivas que se utilizan para criminalizar a quienes critican al gobierno".

Otra ley cada vez más criticada por su uso arbitrario y represivo es la Ley de Publicación de Imprentas, que se utiliza para censurar libros y medios de comunicación, confiscar volúmenes de las librerías y cancelar permisos para publicar o vender textos considerados indecorosos sin dar ninguna razón. Las últimas incautaciones de libros, en agosto, se produjeron tras un registro de tres meses en 16 tiendas que vendían relojes Swatch con un arco iris. La incautación, que tuvo lugar en mayo de 172 relojes, no se explicó al público, pero para los observadores locales estuvo supuestamente motivada por la promoción de la comunidad LGBT, un delito indicado y sancionado por la propia ley.

Una prueba más, para los observadores, de cómo el gobierno presidido por Anwar Ibrahim -que, a pesar de los acontecimientos judiciales y el encarcelamiento que han marcado su carrera política, parecía dispuesto a ofrecer mayores garantías de libertad y derechos- parece incapaz de proceder a reformas, quizá para no dar más pretextos a las presiones de los musulmanes conservadores.