Justicia: Netanyahu hace aprobar la primera reforma, la batalla pasa a la Corte Suprema

Ignorando 29 semanas de protestas en las calles, la derecha israelí aprobó la "ley de razonabilidad" para limitar el margen de maniobra de la Corte Suprema. Ahora, sin embargo, esta discutirá los recursos presentados precisamente contra esa disposición, abriendo formalmente, con toda probabilidad, el choque de poderes, en un país que carece de Constitución. Portadas en negro en los diarios israelíes.

Tel Aviv (AsiaNews) - Un país profundamente dividido. Con un choque institucional que -pese al sólido voto de la mayoría que apoya a Netanyahu- promete estar lejos de haber terminado. Así podemos resumir la situación política en Israel tras la aprobación en la Knesset de la primera ley importante de la controvertida reforma de la Justicia que impulsa el gobierno de coalición del Likud con partidos religiosos y movimientos nacionalistas de extrema derecha.

A pesar de las 29 semanas de manifestaciones en las calles (que continuaron anoche con represión policial) y las preocupaciones expresadas por el presidente Isaac Herzog, Washington y muchas comunidades judías de la diáspora, que han pedido reiteradamente un compromiso, Netanyahu (recuperándose de una cirugía de by-pass) ha optado por enfrentar la prueba de fuerza en la sala del tribunal. Ayer por la tarde fue aprobada la llamada "ley de razonabilidad" con 64 votos a favor sobre 120 (los de la mayoría) y todas las oposiciones abandonaron el aula sin votar, en señal de protesta. Un fracaso que varios diarios israelíes han querido poner en evidencia publicando hoy una gran imagen negra en primera plana, con el titular “Un día negro para la democracia”.

La medida adoptada afecta directamente el equilibrio entre los poderes del Estado, limitando la posibilidad de intervención de la Corte Suprema sobre las leyes aprobadas por la Knesset. El asunto es muy delicado porque -debido a la férrea oposición de los partidos religiosos, que no quieren contradecir la Torá- Israel nunca ha adoptado una Constitución propia. Sólo tiene 13 Basic Law, normas aprobadas por mayorías cualificadas en el Parlamento israelí que dictan las reglas electorales, la estructura institucional y algunos principios fundamentales a los que toda ley ordinaria debe atenerse. Pero se trata de ámbitos muy restringidos y por eso la Corte Suprema ha hecho referencia en varias oportunidades al principio de "razonabilidad" para frenar normas que, sin ir en contra de ninguna de las Basic Law, los jueces habían considerado que eran contrarias a las más elementales normas de equidad y justicia.

Ahora la Knesset -presionada sobre todo por los partidos nacionalistas de extrema derecha, que en reiteradas oportunidades han encontrado en el Tribunal Supremo una barrera a propuestas abiertamente racistas o lesivas de los derechos reconocidos a los palestinos por otras disposiciones del ordenamiento jurídico israelí- con una ley ordinaria (por tanto sin la mayoría cualificada que se requiere para una nueva Basic Law) ha establecido que los jueces ya no podrán invocar el criterio de "razonabilidad" para rechazar leyes votadas en el Parlamento.

Sin embargo, el enfrentamiento está lejos de haber terminado. Tan pronto como se aprobó la ley, una asociación de juristas -el Movimiento por la Calidad de Gobierno en Israel- presentó una petición que invoca la intervención de la Corte Suprema contra la nueva ley. Y la presidenta del máximo órgano judicial, Esther Hayut, que ayer se encontraba en Alemania debido a un compromiso institucional, regresó de inmediato a Israel y anunció que el recurso será examinado lo antes posible. Es muy probable, por tanto, que la Corte se pronuncie en los próximos días en relación con la "ley de razonabilidad", abriendo también oficialmente el conflicto entre el Poder Judicial y el Legislativo.

Queda sobre la mesa otro tema candente: la posición de la fiscal general del Estado, Gali Baharav-Miara, en abierto contraste con la política sobre la Justicia del gobierno de Netanyahu. Ciertamente no defendería la norma en un debate ante la Corte Suprema. Por eso el Ejecutivo podría invocar precisamente la ley que acaba de aprobarse para asumir la potestad de destituirla. Pero eso aumentaría la tensión en el equilibrio de poder del sistema israelí.