En 2023 asesinaron al menos 17 defensores de la tierra
La denuncia está contenida en el último informe de Global Witness. Aunque las situaciones más graves se registran en América Latina, el gobierno de Filipinas utiliza cada vez más la intimidación judicial y las desapariciones forzadas para poner fin a las actividades de los defensores de la tierra. La mayoría de las víctimas pertenecen a comunidades indígenas.
Milán (AsiaNews) – Al menos 196 activistas climáticos fueron asesinados en 2023. Los defensores de la tierra, en la mayoría de los casos pertenecientes a comunidades indígenas, murieron por oponerse a la explotación ambiental en su país. Una realidad documentada por la organización internacional Global Witness, que publicó recientemente el informe correspondiente al año pasado. El documento también especifica que el número real de muertes podría ser superior al registrado.
La mayoría de las muertes ocurrieron en América Latina, y Colombia ocupa el primer lugar. En Asia, Filipinas sigue manteniendo ese triste récord, con 17 activistas asesinados en 2023. Le siguen la India, con cinco personas asesinadas, e Indonesia, con tres.
Las cifras también se pueden leer en su conjunto a partir de 2012, cuando Global Witness comenzó el seguimiento. En total se registran 298 defensores de la tierra asesinados en Filipinas en los últimos 11 años (461 en Colombia), 86 en la India y 20 en Indonesia. Desde 2012, ha habido 468 homicidios de activistas ambientales en toda Asia, contra 116 en África, la mayoría de los cuales ocurrieron en la República Democrática del Congo. A escala mundial, el 36% de los homicidios se cometieron contra pueblos indígenas.
Global Witness destaca, sin embargo, que en Filipinas se han vuelto muy comunes los ataques no letales contra defensores de los derechos humanos. Según el Asian Forum for Human Rights and Development, la presión judicial ha sido la herramienta más utilizada entre 2021 y 2022 en todo el continente, con 1.033 casos registrados. Otra práctica común en Filipinas son las desapariciones forzadas, un fenómeno que también se está extendiendo a otros países de la región. “El secuestro de defensores de la tierra y el medio ambiente en el sudeste asiático se ha convertido en un problema crítico y refleja esfuerzos más amplios de parte de aquellos que detentan el poder para reprimir la disidencia y mantener el control sobre la tierra y los recursos”, afirma Global Witness.
Jhed Tamano y Jonila Castro, activistas ambientales de 22 y 23 años, ambas provenientes de la zona de la Bahía de Manila, donde han apoyado a las comunidades pesqueras locales contra los proyectos de recuperación de tierras para la construcción de un nuevo aeropuerto, denunciaron que fueron secuestrados el 2 de septiembre de 2023 y permanecieron aisladas durante 17 días. También se sospecha que estuvo involucrado el ejército filipino.
Después que recuperaron la libertad, el gobierno encabezado por el presidente Ferdinand Marcos Jr. organizó una conferencia de prensa, aunque las activistas consideran que fue un "montaje". “El gobierno, los que nos secuestraron - dijeron - lo habían organizado para que pudiéramos confesar públicamente que éramos rebeldes comunistas, aunque no lo fuéramos. Nos habían dado un par de páginas con la historia 'oficial' y las respuestas que esperaban que les diéramos. Pero nosotras dijimos la verdad".
En realidad el propósito de las dos jóvenes era concienciar al público sobre la situación de las comunidades pesqueras (Jhed es coordinadora del Foro Episcopal Ecuménico y Jonila es responsable de una organización llamada People's Network for the Environment). “Estábamos seguras de que durante un par de semanas un grupo de hombres nos había estado observando y preguntaban por nosotras. Uno de ellos llegó incluso a tomarnos una foto sin nuestro consentimiento”, explicaron Jhed y Jonila. Y cuando fueron secuestradas comprendieron inmediatamente "que esos hombres eran militares". Sabían demasiado: conocían nuestras familias, nuestras direcciones".
Fueron liberadas después de muchos días de sufrir acusaciones, amenazas y tortura psicológica. Aceptaron participar en la conferencia de prensa sabiendo que contar su historia era peligroso. En diciembre de 2023 el Departamento de Justicia de Filipinas presentó cargos contra las dos mujeres por “poner en ridículo y difamar a las Fuerzas Armadas de Filipinas” durante la conferencia de prensa. Un tribunal local emitió una orden de arresto, pero la Corte de Apelaciones rechazó el pedido de protección contra las dos mujeres - los sistemas de defensa contra los ambientalistas filipinos en general - y anuló un fallo anterior de la Corte Suprema.
