El crimen organizado en Rusia

de Vladimir Rozanskij

En Moscú se están celebrando cuatro importantes juicios en virtud del artículo 210 del Código Penal, el que prevé la cadena perpetua para las bandas criminales. Entre los más populares está el de la "mafia Taganka" y el del holding empresarial Summa, en el que también están procesados un banquero y el ex ministro Mijail Abyzov.

Moscú (AsiaNews) - En los últimos meses de 2023 se juzgaron en el Tribunal Central de Moscú cuatro casos sensacionales de delincuencia organizada, a los que se aplica uno de los artículos más estrictos del Código Penal, el 210, que prevé la cadena perpetua para la formación de bandas criminales. La más temible de ellas es la de los Taganskye, la "mafia de la Taganka", un céntrico distrito moscovita, cuyos líderes están ahora entre rejas acusados de numerosos asesinatos, secuestros, robos a gran escala, estafas, chantajes y montañas de armas ilegales en diversos depósitos.

El veredicto para los Tajanskye se espera para principios del año que viene, y a su nivel está el caso de un grupo menos sanguinario, pero también más incisivo en el tráfico de la economía sumergida, el del holding empresarial Summa, cuyo fundador Zijavudin Magomedov ya ha sido condenado a 19 años de cárcel, y su hermano Magomed a 18 años, junto con algunos cómplices. El propietario del banco Baltika, Oleg Vlasov, también fue condenado a 17 años de prisión, que espera reducir en apelación. Incluso un exmiembro del Gobierno, Mijaíl Abyzov, que entre 2015 y 2018 fue ministro de la "sociedad abierta", ministerio que luego fue suprimido y evidentemente interpretado por él en un sentido muy discordante con el principio de legalidad, ha sido incluido entre los grandes criminales, alcanzando, según Forbes, el puesto 162 en el ranking de los hombres más ricos de Rusia, con una fortuna de más de 600 millones de dólares.

Como explica una investigación de Novaja Gazeta, la reformulación del artículo 210 equipara los grandes delitos de las bandas armadas a los de los grupos económicos, utilizando el arma de la prisión preventiva que aplaza la búsqueda de pruebas, y permite utilizar las negociaciones como principal vehículo del equilibrio entre el Estado y las mafias. Al juicio llegaron avalanchas de papeles y carpetas que nadie se molestó en leer, pues todo había sido ya establecido en las salas secretas del poder y de la detención. La gran multitud de acusados, abogados y público obligó a utilizar la sala principal de Mosgorsud, el tribunal central de la capital, convirtiendo el juicio en un gran espectáculo.

El principal interés lo despertó la exposición de la fiscal Svetlana Petrenko, que esbozó las maniobras de Abyzov entre 2011 y 2014 como "beneficiario de una serie de sociedades off-shore, en torno a las cuales se formó una de las organizaciones criminales más ramificadas de toda Rusia". Se trataba en la práctica de una descripción de la condición real de la sociedad rusa, que superó los conflictos de las mafias en los años 90 con un sistema de control económico mucho más eficaz y extendido, especialmente en la explotación de los recursos energéticos siberianos.

Lo paradójico es que la unificación de los procesos de investigación en virtud del artículo 210, introducida por Putin en los primeros años de su presidencia, fue cuestionada por el propio Putin en 2020, cuando declaró en su mensaje presidencial de principios de año que "es necesario dejar de utilizar el artículo 210 como instrumento punitivo contra los empresarios". La Duma de Moscú no tardó en hacer lo propio, aprobando un correctivo al Código por el que los empresarios y ejecutivos de empresas no pueden ser acusados por este artículo.

Queda, sin embargo, una ventana para uso de las fuerzas del orden, que prevé "en relación con delitos especialmente graves" la posibilidad de implicar a empresarios en juicios contra bandas criminales. Por eso, los juicios actuales intentan demostrar tales vínculos, no tanto con las pruebas reunidas, sino con teorías para pintar un cuadro general. El grupo Summa de Magomedov empleaba a cientos de miles de personas, aportando al presupuesto del Estado entre 20.000 y 25.000 millones de rublos en impuestos, además de los cientos de millones destinados a apoyar proyectos de bienestar social, y también financiación para la Iglesia Ortodoxa. En el contexto de una crisis económica incontrolable, como consecuencia de las guerras y las sanciones, se impone una nueva "división del capital", que exige que los jueces actúen como contables de la economía estatal, ya sea blanca, gris o negra, o incluso roja por la sangre de las mafias.

Fofo: Mikhail Abyzov (Wikimedia)