El Tribunal Constitucional turco anula la ley de Erdogan contra las escuelas privadas

Último capítulo de la lucha del presidente contra Gülen, el imán auto-exiliado en los EE.UU., jefe del poderoso movimiento Hizmet. Los centros de educación privada, los "dershanes", son muy populares y muy extendidos en Turquía: en 3800 centros, que recogen alrededor de 1,2 millones de estudiantes, que se preparan para ganar concursos de entrada en las escuelas de élite y universidades.

Ankara (AsiaNews / Agencias) - El Tribunal Constitucional de Turquía anuló la ley impulsada por el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ordenando el cierre de los centros de enseñanza privada, los "dershanes" (en la foto), la mayoría de los cuales son administrados por el movimiento Hizmet de Fethullah Gulen, el imán auto-exiliado en los EE.UU., el gran rival del presidente.

Los dershanes son muy populares y muy extendidos en Turquía: en 3800 centros, que recogen alrededor de 1,2 millones de estudiantes, que se preparan para ganar concursos de entrada en las escuelas de élite y universidades.

La ley anulada por el Tribunal fue adoptada en marzo de 2014, cuando era primer ministro Erdogan, y ordenó el cierre de los centros en septiembre de este año. La ley fue parte de un largo conflicto entre los dos ex aliados que ve a Erdogan intentar por todos los medios de eliminar o al menos limitar el papel de la comunidad islámica Hizmet - que tiene mucha fuerza económica y cultural - que fundó y mantiene las escuelas y universidades en decenas de países. La organización ofrece becas, alojamiento y una guía moral a los estudiantes que vienen del campo. Hizmet apoya la interacción de la ciencia y la tecnología con los dictados del Islam y llamó a la Olimpiada de la cultura turca para los de habla turca en todo el mundo.

Erdogan acusa a su ex aliado Gülen y su movimiento de estar detrás de las acusaciones de corrupción que han sacudido al gobierno en diciembre de 2013, mientras era primer ministro Erdogan, quien la rechazó definiendo un complot de los religiosos.

En contra de la ley aprobada en 2014 se había solicitado al Tribunal Constitucional por el principal partido de la oposición, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), con el argumento de que la legislación excluiría a los estudiantes más desfavorecidos de las universidades de mayor prestigio y un mayor impacto de las diferencias en el socio- resultados económicos de las pruebas de acceso.