Delhi rechaza la escolarización de los rohingya y el tribunal remite la cuestión al gobierno

de Nirmala Carvalho

Las autoridades locales están excluyendo a los niños rohingya porque no tienen el código de identificación Aadhaar, el sistema de identificación biométrica reservado a los ciudadanos indios, explicó una ONG que presentó el litigio. El tribunal de Delhi se negó a examinar la demanda, alegando que se trata de un asunto político del que debe ocuparse el Ministerio del Interior.

Nueva Delhi (AsiaNews) - El Tribunal Superior de Delhi se ha negado a examinar una demanda que pedía la admisión en las escuelas locales de los niños de etnia rohingya de Myanmar que, en calidad de refugiados, no han recibido la tarjeta Aadhaar, el sistema de identificación biométrica reservado a los ciudadanos indios.

Ayer, 29 de octubre, el tribunal de la capital desestimó el litigio de interés público, declarando que el asunto es competencia del gobierno central. El panel de jueces declaró que se trata de una «cuestión internacional» con implicaciones relacionadas con la seguridad nacional, por lo que el Ministerio del Interior debe ocuparse de ella. Hay muchos aspectos en juego. No podemos intervenir', dijeron los jueces, que pidieron que la petición se tramitara lo antes posible.

El litigio había sido presentado por la ONG Social Jurist, según la cual la administración municipal (Corporación Municipal de Delhi) se niega a admitir en la escuela a 17 niños rohingya que residen en la zona de Khajoori Chowk porque no tienen el código de identificación Aadhaar de 12 dígitos. En India, la inscripción en el sistema es voluntaria y el Tribunal Supremo aclaró el año pasado que el gobierno no puede denegar un servicio si alguien no está en posesión de la tarjeta de identificación.

Según el abogado Ashok Agarwal, que representa a Social Jurist, el derecho de los niños rohingya a estudiar en las escuelas locales está garantizado por varios artículos de la Constitución india (en los que se menciona a los «niños» en sentido genérico, no sólo a los niños indios, argumentó el abogado) y por la Ley sobre el Derecho a la Educación Gratuita y Obligatoria de 2009.

Para el Alto Tribunal, sin embargo, «los rohingya son extranjeros» que no han sido «autorizados oficial y legalmente a entrar en India». El país no es signatario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y carece de un marco nacional de protección de los refugiados, pero permite a la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) operar en su territorio. Los rohingya son una de las minorías de Myanmar, donde se libra un conflicto civil desde hace más de tres años, y son en su mayoría de confesión islámica.

En julio de este año, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial pidió a India que pusiera fin a la detención arbitraria y deportación de refugiados rohingya a Myanmar, donde corren el riesgo de sufrir «graves violaciones de los derechos humanos». Según datos que datan de 2019, se calcula que hay unos 40.000 refugiados rohingya en India, de los cuales unos 22.000 están registrados en ACNUR. Desde la llegada al poder del Bharatiya Janata Party (BJP), partido del que procede el primer ministro Narendra Modi, ha aumentado la discriminación y las peticiones de expulsión, según han denunciado organizaciones de la sociedad civil.

Según el panel de jueces, permitir la escolarización de los rohingya equivaldría a permitir el acceso de extranjeros al sistema educativo nacional, una cuestión que no puede autorizar el tribunal. «Se trata de una cuestión de política», señaló el tribunal. «Dejamos que el Gobierno tome una decisión política, no es nuestra responsabilidad», ya que se trata de una cuestión de ciudadanía. «No somos responsables de todo el mundo. Luego nos pedirán que abramos escuelas también en África. No nos dejemos llevar», añadieron los jueces, citando también una ley del estado de Assam que prevé la expulsión de extranjeros a través de tribunales especiales. «¿Y ustedes se lo están facilitando? Mañana se producirá una situación en la que habrá que deportarlos. No podemos entrar en eso. Dejamos que el gobierno tome una decisión al respecto», reiteró el tribunal.