Crimea: Moscú y Kiev se enfrentan por el gas y el agua

de Vladimir Rozanskij

Los servicios de seguridad rusos acusan a los ucranianos de sabotear las líneas de gas en los alrededores de Simferópol. Detienen a activistas tártaros. Rusia emprende proyectos para desalinizar el agua y garantizar el suministro a la población. Kiev quiere recuperar la península.

Moscú (AsiaNews) - El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) acusó al Ministerio de Defensa ucraniano de sabotear los gasoductos en Crimea con la ayuda del Majlis de los tártaros -una organización terrorista, según los rusos. Las investigaciones del FSB salieron a la luz el 7 de septiembre y afirman que "el sabotaje habría tenido lugar el 23 de agosto en el pueblo de Perevalnoe, cerca de la ciudad cabecera, Simferópol. Los autores serían miembros de la sección de contraespionaje ucraniana con sede en Chersonese, más conocida como el equipo Tauria".

Cada uno de los conspiradores habría recibido 2.000 dólares para introducir explosivos en Crimea, y las acciones habrían comenzado a finales de julio. El FSB detuvo al activista tártaro Nariman Djeljal, acusado de ser el "mediador" de la operación, junto con los "ejecutores inmediatos" Asan y Aziz Akhtemov.

A finales de agosto, la administración rusa en Crimea aprobó un proyecto de desalinización de agua de mar, encargado al grupo Rostec por 78.000 millones de rublos (casi mil millones de euros). El gobierno de Moscú destinaría los fondos para poner en funcionamiento el proyecto, que incluye la construcción de nueve centrales hidroeléctricas, según revela el diario Kommersant.

Tras la anexión de Crimea en 2014, las autoridades ucranianas cerraron el canal de agua dulce del norte de Crimea, que abastecía a toda la península. Desde entonces, la zona lidia con una grave escasez hídrica. En 2013, antes del conflicto con los rusos, Crimea utilizaba unos 727,3 millones de metros cúbicos de agua para abastecer a su población, agricultura e industria. Para el año 2014, el consumo se redujo a un cuarto, apenas 172 millones, según datos del Instituto de Economía y Producción Industrial de la Academia de Ciencias de Rusia.

El plan oficial de desalinización, que se extiende hasta el 2024, prevé una inversión de 9.000 millones de rublos (103 millones de euros), que representa un décimo del costo del proyecto encomendado a Rostec. Las estaciones de desalinización son muy onerosas -por los altos costos de producción y mantenimiento- y su instalación podría elevar mucho las tarifas de agua para la población.

Todavía no está claro cómo se financiarán estos proyectos, sobre todo porque requieren de la compra de maquinaria muy costosa de importar, sin mencionar el hecho de que Crimea está sometida a sanciones internacionales.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyj quiere recuperar la península, y el cierre de los grifos de agua dulce es sólo uno de los medios para lograrlo. Recientemente, Kiev relanzó el debate internacional sobre Crimea, con la llamada "Plataforma de Crimea", en busca de apoyo para lograr la restitución de los territorios sustraídos por los rusos.

El viceprimer ministro ucraniano Aleksej Reznikov, a cargo de la cuestión de la reintegración de los territorios "temporalmente ocupados", en declaraciones recientes, dijo que Ucrania deportará a cerca de medio millón de ciudadanos rusos tras recuperar Crimea. El gobierno ucraniano estima que ese es el número de rusos que se han trasladado a la península desde 2014. Según la legislación ucraniana, todos ellos se encuentran "ilegalmente" en territorio de Crimea.

No es la primera vez que los miembros del gobierno de Kiev hacen declaraciones de este tipo. Para el gobierno ucraniano, los rusos que se han trasladado a la península son "cómplices del crimen de Moscú". De hecho, la población de Crimea ha disminuido desde la anexión, a excepción de Sebastopol, donde se registra un ligero aumento de los habitantes. Para Moscú, en cambio, la anexión es la "reparación de una injusticia histórica", y excluye cualquier posibilidad de restitución a Ucrania.