Chaco, protestas contra las granjas porcinas financiadas por Beijing

de Silvina Premat

Para los grupos indígenas, ambientalistas y pequeños productores locales, el proyecto es ilegal. Se espera que las mega factorías produzcan 900.000 toneladas de carne en cuatro años para el consumo interno chino. Temores por el impacto social y ambiental. Las perspectivas de empleo para los argentinos son escasas.

Buenos Aires (AsiaNews) – El gobierno de Alberto Fernández está promoviendo un proyecto ilegal para instalar cerca de veinte mega factorías porcinas en asociación con productores y capitales chinos. Denuncia de las organizaciones sociales y representantes de las comunidades indígenas del norte de Argentina.

En las últimas semanas se registraron en la provincia de Chaco varios cortes en la ruta de acceso al Impenetrable, una de las zonas elegidas para la cría de cerdos destinados a China. Los pobladores locales, en su mayoría miembros de comunidades aborígenes qom, intentaron impedir el paso a empresarios chinos (que después no llegaron). Las comunidades indígenas de la zona tienen derecho de uso de las tierras donde deberían construirse las factorías. Ellas afirman que no han sido consultadas, tal como disponen los tratados internacionales, sobre actividades que afectarían su estilo de vida y los ecosistemas donde viven y trabajan..

“Quieren entrar por Chaco para seguir a otras provincias”, comentó uno de los vecinos. El proyecto a nivel nacional, anunciado por el Gobierno el año pasado, había quedado en suspenso cuando distintos sectores de la sociedad exigieron al menos un estudio de impacto ambiental.

En enero de 2020 la empresa farmacéutica y de agroquímicos Biogénesis Bagó había comunicado la propuesta china de invertir casi veintisiete mil millones de dólares para producir millones de toneladas de carne de cerdo en cuatro años. En julio, la cancillería argentina anunció una asociación estratégica acordada con el Ministerio de comercio de la República Popular China y confirmó el plan para producir nueve millones de toneladas de carne por año, más de diez veces lo que Argentina produjo en 2019. El cerdo es la carne que más se consume en China, pero una epidemia de peste porcina africana ha reducido la producción nacional.

Tras las primeras reacciones de agrupaciones ambientalistas y de pequeños productores locales, el Gobierno redujo la cifra de la producción potencial a novecientas mil toneladas. No obstante, eso no fue suficiente para detener las manifestaciones en públicas y en las redes sociales para pedir mayor información y advirtiendo sobre las implicancias económicas y sociales de dichas actividades. En diciembre, la Unión Vegana Argentina presentó al presidente de la Nación, 528.000 firmas de ciudadanos argentinos en contra del proyecto.

Para superar la oposición interna, el gobierno decidió delegar a las provincias la potestad de acordar con los chinos. Los ambientalistas están estudiando la legitimidad de esa medida. El gobierno de la provincia del Chaco tomó inmediatamente la iniciativa y el gobernador Jorge Capitanich, muy allegado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, firmó un acuerdo de cooperación con la sociedad de capitales chino-argentinos Feng Tian Food para poner en marcha en la provincia tres complejos productivos porcinos destinados a la exportación a China.

“La empresa tiene nombre chino, tiene sede en la provincia de Buenos Aires y la integran argentinos amigos del Gobernador”, dijo a AsiaNews Nora Giménez, ex jueza contenciosa administrativa y docente de derecho penal. Giménez es miembro de Conciencia Solidaria, organización que inició tres causas ante la justicia de Chaco. La primera es un pedido de información, las otras dos se refieren a la prevención de daños y los permisos que habilitarían “correr” la frontera agropecuaria para desmontar y plantar soja o maíz, para alimentar los cerdos.

En la provincia se habló de una inversión inicial de USD 129 millones y la creación de 1080 puestos de trabajo. “Dicen eso pero la realidad es que no dan trabajo a la gente del lugar. Vienen con los equipos ya armados, como ocurrió en Chile”, agregó Giménez, refiriéndose a la granja porcina en Freirina, que cerró en 2020 tras años de denuncias y protestas por los nocivos efectos ambientales, sanitarios, sociales y económicos. Giménez también explica que el gobierno chaqueño está construyendo caminos, puentes y otras obras de infraestructura que optimizan el acceso a las zonas pre elegidas para las mega granjas. En esas mismas zonas también se han registrado informes sobre desmontes ilegales de bosque nativo en gran escala.

Para el biólogo e investigador Guillermo Folguera, la sociedad civil en la Argentina está actuando tempestivamente, y eso es bueno, porque“una vez que el proyecto está en marcha se hace todo más difícil. Estamos intentando salir de la falsa dicotomía entre ambientalismo y productivismo. No decimos que no hay que producir sino que hay que tener en cuenta la manera como se produce”.