Bangladesh, la policía pide cancelar "la prohibición de la tortura"
Dahaka (AsiaNews/Agencias)- La policía de Bangladesh pidió al Ministerio del Interior que cancele algunas partes de la ley que prohíbe a todas las fuerzas del orden el torturar y tratar en modo inhumano a quien se encuentra en estado de custodia cautelar o en prisión. En particular, el cuerpo de policía quiere se remoción de la sección 12, según la cual la tortura es un crimen aún en estado de guerra, amenazas de guerra, inestabilidad política, estado de emergencia u órdenes de la autoridad gubernamental. Inmediatas las reacciones de los activistas por los derechos humanos, que juzgan las enmiendas propuestas "en directo" contraste con la Constitución".
El pedido llega después de varias acusaciones de arrestos indiscriminados, muertes "sospechosas" y torturas en custodia judicial, sucedidas en el curso de las violencias políticas que van delante de hace ya dos meses. Las víctimas serían sobre todo los militantes y seguidores del Bangladesh Nationalist Party (Bnp, partido nacionalista) y del Jamaat-e-Islami (partido fundamentalista islámico), responsables de haber "causado" tensiones dando inicio a un bloqueo total e indeterminado al tráfico.
La policía propuso también la exclusión del Rapid Action Battalion (Rab), del Criminal Investigation Departement (Cid) y de las unidades especiales e investigativas de la policía misma del ámbito de la ley, cambiando la definición de las agencias de las fuerzas del orden. Según la definición prevista por la ley, las nombradas unidades- también junto al departamento inmigración y a la guardia costera-están dentro de la categoría.
Sin embargo, sostiene la policía, la ley anti-tortura creó la "posibilidad" de presentar denuncias falsas contra todas las agencias, haciendo "imposible para estas últimas salvar la vida y las propiedades de las personas de actividades destructivas como la inestabilidad política, los hartal y los incendios".
El Art. 35 de la Constitución de Bangladesh establece que "ninguna persona podrá ser objeto de tortura o tratamiento cruel, inhumano y degradante". En 1998, el gobierno firmó la Convención de la Onu contra la tortura (1984), pero sólo en el año 2013 el Parlamento votó el Toture and Custodial Death (Prevention) Act, considerando que la tortura por manos de las fuerzas del orden o de funcionarios del gobierno es un reato penal. En el caso de muerte, en estado de detención, la pena máxima prevista es la cadena perpetua o una multa de 400 mil taka (unos 2.400 euros)
Según un documento publicado por Ammesty International, entre enero y julio de 2014, al menos 9 personas murieron bajo custodia policial, probablemente a causa de torturas. Los métodos utilizados incluyen palizas, suspensión de los techos, descargas eléctricas y en algunos casos disparos en las piernas.
11/05/2020 13:03
28/04/2020 10:33