Bangkok quiere juzgar a ocho funcionarios por la matanza de Tak Bai en 2004
En el punto de mira de los magistrados está su papel en la muerte de 78 jóvenes musulmanes encerrados en vehículos militares. El incidente tuvo lugar en el extremo sur del país, escenario de tensiones separatistas y sectarias desde hace décadas. Sin embargo, el proceso ha prescrito y corre el riesgo de reavivar el enfrentamiento entre el partido en el poder y el establishment militar y nacionalista.
Bangkok (AsiaNews) - Ocho oficiales de seguridad serán juzgados por su papel en la masacre de Tak Bai, en la que 78 jóvenes musulmanes murieron en vehículos militares el 25 de octubre de 2004, por supuestas actividades subversivas en el inquieto sur de Tailandia. Una decisión que llega casi 20 años después del suceso que hizo irreconciliables las pretensiones oficiales de diálogo con unas contrapartes esquivas y a menudo poco representativas, como ha demostrado el estancamiento de las conversaciones hasta la fecha; pero que, al mismo tiempo, puso aún más de relieve el carácter intransigente y colonial del control de Bangkok sobre el extremo sur, en las cuatro provincias (Songkhla, Pattani, Yala y Narathiwat) de presencia mayoritaria o sustancialmente musulmana, herederas de un sultanato que antaño se extendía incluso por vastas zonas de la actual Malasia.
Hace veinte años, tras las protestas que estallaron en Tak Bai, provincia de Narathiwat, por el intento de detención de seis presuntos militantes locales, el ejército y la policía intervinieron por la fuerza, mataron a siete manifestantes, detuvieron a 1.300 y cargaron a un gran número de ellos, unos encima de otros, en camiones. Decenas murieron asfixiados por el sol e incapaces de liberarse. El entonces ejecutivo dirigido por Thaksin Shinawatra, a cuya experiencia de gobierno mira hoy el Pheu Thai liderado por su hija Paetongtarn Shinawatra, había expresado sus condolencias por el incidente, pero negaba cualquier responsabilidad directa. Al mismo tiempo, la policía había intentado alimentar la teoría de la existencia de extremistas armados entre los manifestantes detenidos.
La masacre fue el inicio de un nuevo recrudecimiento del prolongado conflicto de baja intensidad en el extremo sur entre grupos separatistas locales y las fuerzas de seguridad, que había dado lugar a prolongadas fases de estado de excepción. El resultado ha sido, por un lado, la represión y, por otro, las devastadoras acciones de manifestación llevadas hasta el corazón de Bangkok, que han costado la vida a 7.600 personas hasta la fecha.
El anuncio del procesamiento de los presuntos autores del suceso, ahora al borde de la prescripción, se produjo después de que familiares de las víctimas presentaran el mes pasado una denuncia contra siete individuos pertenecientes a las fuerzas de seguridad. Sin embargo, sólo uno de ellos figura en la lista presentada por el fiscal general. «Los sospechosos deberían haber previsto que sus acciones conducirían a la asfixia y muerte de las 78 personas que estaban a su cargo», subrayó el portavoz de la Fiscalía General, Prayut Bejaguran, en una rueda de prensa celebrada el miércoles.
Es significativo que los gobiernos encabezados por Pheu Thai en el poder desde el año pasado (el primero en coalición con el mayor partido pro militar, el segundo con los antiguos oponentes históricos del Partido Democrático) hayan llegado a este punto. Así como establecer el procesamiento de los responsables de los últimos golpes, si se denuncian oficialmente. Empieza a quedar clara la tradicional hostilidad del partido hacia las fuerzas armadas, la necesidad de lograr una mayor cohesión de la población en sus iniciativas de gobierno y de conseguir un mayor consenso en el sur de Tailandia. Por otra parte, no son pocos los que temen que esto pueda resucitar el enfrentamiento con el estamento militar y las fuerzas nacionalistas que en el pasado, más recientemente en septiembre de 2006 y mayo de 2014, propiciaron y precedieron al control directo de los militares sobre el país.
