07/11/2024, 13.42
SRI LANKA
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Abogados piden que Dissanayake cumpla sus promesas sobre la ley contra el terrorismo

de Melani Manel Perera

La Prevention of Terrorism Act (PTA) que se adoptó temporalmente en 1979 es una medida draconiana que se conserva hasta la actualidad. A lo largo de décadas, los gobiernos la han utilizado para "atacar y acosar a minorías, activistas, periodistas y voces críticas", afirma Amnesty International. El National People 's Power había prometido derogarla, pero declaraciones recientes hacen pensar que ha cambiado de idea.

 

Colombo (Asia News) - El Sri Lanka’s Lawyers Collective expresó su preocupación por las recientes declaraciones que indican que la nueva administración que asumió en septiembre podría perpetuar las disposiciones de la Prevention of Terrorism Act (PTA), cuya abolición había prometido durante la campaña electoral. La agrupación explica que la ley permite la detención arbitraria y la tortura de sospechosos. No es nueva la preocupación por esta medida que muchos han definido como "draconiana", adoptada como "temporal" hace 45 años y convertida en ley permanente en 1982. Los gobiernos de Sri Lanka la han conservado para atacar y acosar a minorías, activistas, periodistas y voces críticas”, denunció Amnistía Internacional en un informe de febrero de 2022.

El 29 de octubre de 2024 el responsable legal de la secretaría de la Presidencia, el abogado J. M. Wijebandara - nombrado en septiembre por Dissanayake - había dicho que el problema no es que exista la PTA, sino el uso indebido de la misma para detener a activistas civiles, periodistas y otros. Afirmó que el gobierno no permitiría este uso indebido, que la norma sólo se aplicaría sobre la base de “información de inteligencia creíble" y no se utilizaría para venganzas políticas. Ese mismo día, el portavoz del Gabinete, el ministro Vijitha Herath, declaró: “Se está discutiendo la abolición de la PTA. Sólo podremos hablar de cambiar la ley cuando se haya elegido el nuevo Parlamento".

El trato no prioritario que el gobierno da a la cuestión intensifica las preocupaciones del colectivo. En su manifiesto electoral de agosto de 2024, en efecto, el National People’s Power (NPP) de Dissanayake se comprometió a "abolir todos los actos opresivos, incluida la Prevention of Terrorism Act (PTA) y garantizar los derechos civiles de las personas en todo el país" (p. 129). Durante la reciente campaña electoral presidencial, e incluso antes, el partido fundado por el actual presidente se había pronunciado activamente contra la PTA y el abuso de poderes que permite, y se había opuesto a nuevas leyes igualmente opresivas. Por lo tanto, según los abogados, las nuevas declaraciones resultan preocupantes: "El presidente Anura Kumara Dissanayake - escriben - debe cumplir el compromiso de derogar la PTA, esto es lo que piden los votantes. La declaración difundida en nombre del gobierno por el abogado J M Wijebandara se debe aclarar de manera inequívoca y se debe hacer público un compromiso claro de derogar la PTA. Esta claridad y estas decisiones son necesarias para construir la confianza de la opinión pública en que el gobierno apoya la derogación de la ley.

El colectivo de abogados pide también a todos los partidos políticos que se comprometan a apoyar este objetivo en el próximo Parlamento, que entrará en funciones tras las elecciones que se celebrarán en Sri Lanka el 14 de noviembre. "Las partes - afirman - deben comprometerse a garantizar que el marco jurídico antiterrorista de Sri Lanka respete los derechos humanos. Si en una situación determinada son necesarias medidas de emergencia, todos los poderes de emergencia deben limitarse rigurosamente a los períodos en los que se ha declarado el estado de emergencia. Estas medidas fortalecerán el estado de derecho, la democracia y los derechos humanos en el país y, a su vez, aumentarán la confianza en la gobernanza".

 

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