La incursión sería una respuesta a los enfrentamientos de los días previos entre las Fuerzas Armadas (AFP) y el Nuevo Ejército del Pueblo (NPA). Pero los milicianos habían anunciado un alto el fuego a partir del 25 de diciembre. En el ataque, que duró varias horas, también se habría visto involucrada una joven activista de la comunidad filipina de Estados Unidos.
El informe de la Agencia Fides registra que en Asia fueron asesinados dos católicos comprometidos en la pastoral: el sacerdote Donald Martin Ye Naing Win, de la arquidiócesis de Mandalay, y el laico Mark Christian Malaca, profesor en Laur. El dato interrumpe la ausencia de víctimas asiáticas que se registró en 2024 y es parte de una cifra creciente en todo el mundo.
La primera fase de las elecciones militares se ha visto marcada por acusaciones de fraude, fallos en el voto electrónico y boicots populares. El partido USDP resultó ganador antes de la apertura de las urnas. La gestión ha puesto de manifiesto el control limitado de la junta entre detenciones, apagones de Internet y la ausencia de observadores internacionales creíbles.
Casi cinco años después del golpe de Estado que puso fin a la democracia, la junta militar ha convocado elecciones, a pesar de que el conflicto continúa en muchas zonas. Diversos organismos internacionales y buena parte de la población civil consideran que estas son una farsa. Mientras tanto, la población desplazada a causa de la guerra y del terremoto sigue intentando construir un futuro lleno de incertidumbres.
Celebraciones sobrias para expresar solidaridad con los soldados en el frente y los desplazados, pero también actividades de acogida y llamamientos al alto el fuego. El P. Franco Legnani, misionero del PIME en la prefectura de Battambang, cuenta la Navidad de los cristianos de Camboya, sumidos de nuevo en la guerra con Tailandia. «Sus efectos afectan a todos. Los ancianos dicen: hemos vuelto a los tiempos de los Jemeres Rojos. Que el Señor nos conceda su paz».
El proyecto hidroeléctrico en el Estado Kachin se suspendió en 2011 debido a las protestas masivas y recientemente ha sido reactivado por los militares en vistas de las elecciones. Los analistas y la comunidad local sostienen desde hace tiempo, sin embargo, que se trata de una maniobra política para reforzar las relaciones con Beijing, a quien iría el 90% de la energía producida, incluso a costa de graves daños ambientales, sociales y para la seguridad del territorio.
