A pesar de la tregua que rige desde el 27 de diciembre, la tensión a lo largo de la frontera entre Camboya y Tailandia sigue siendo alta. Mons. Olivier Schmitthaeusler denuncia la indiferencia del mundo ante la violencia que afecta a la población civil, y habla sobre la destrucción, los desplazamientos y el uso indiscriminado de la fuerza. Las autoridades camboyanas acusan a Bangkok de seguir ocupando ilegalmente partes del territorio, mientras que Tailandia habla de nuevas violaciones de la tregua y amenaza con represalias.
El general al mando del Ejército Kawthoolei (KTLA), una de las milicias que luchan contra la junta militar, ha anunciado en los últimos días el nacimiento de la «República de Kawthoolei» en la frontera con Tailandia. La medida divide al pueblo karen y ha sido criticada porque corre el riesgo de debilitar el frente antijunta en la guerra civil, en un momento ya muy delicado para la resistencia.
Tras décadas de debates ha entrado en vigor la reforma del sistema penal que sustituye las leyes de la época colonial holandesa. El gobierno habla de una justicia “más humana y moderna”, con medidas alternativas a la cárcel. Sin embargo, algunas organizaciones de derechos humanos y juristas, denuncian disposiciones antidemocráticas como la criminalización del insulto al presidente y la ampliación de los poderes policiales.
La incursión sería una respuesta a los enfrentamientos de los días previos entre las Fuerzas Armadas (AFP) y el Nuevo Ejército del Pueblo (NPA). Pero los milicianos habían anunciado un alto el fuego a partir del 25 de diciembre. En el ataque, que duró varias horas, también se habría visto involucrada una joven activista de la comunidad filipina de Estados Unidos.
El informe de la Agencia Fides registra que en Asia fueron asesinados dos católicos comprometidos en la pastoral: el sacerdote Donald Martin Ye Naing Win, de la arquidiócesis de Mandalay, y el laico Mark Christian Malaca, profesor en Laur. El dato interrumpe la ausencia de víctimas asiáticas que se registró en 2024 y es parte de una cifra creciente en todo el mundo.
La primera fase de las elecciones militares se ha visto marcada por acusaciones de fraude, fallos en el voto electrónico y boicots populares. El partido USDP resultó ganador antes de la apertura de las urnas. La gestión ha puesto de manifiesto el control limitado de la junta entre detenciones, apagones de Internet y la ausencia de observadores internacionales creíbles.
