Se abre en la Corte Internacional de Justicia de La Haya el caso del presunto genocidio cometido por el ejército birmano contra los rohingya en 2017. El proceso, presentado por Gambia, comienza tras años de inercia internacional, en un contexto marcado por profundas convulsiones políticas y militares en Myanmar. El golpe de 2021, la guerra civil en curso y las cambiantes alianzas sobre el terreno hacen que el juicio se encuentre cada vez más desconectado de la realidad actual.
El general al mando del Ejército Kawthoolei (KTLA), una de las milicias que luchan contra la junta militar, ha anunciado en los últimos días el nacimiento de la «República de Kawthoolei» en la frontera con Tailandia. La medida divide al pueblo karen y ha sido criticada porque corre el riesgo de debilitar el frente antijunta en la guerra civil, en un momento ya muy delicado para la resistencia.
El enviado especial para Asuntos Asiáticos, Deng Xijun, afirmó que la votación (con garantías para los intereses chinos) era una condición impuesta por Xi Jinping a Min Aung Hlaing. Los resultados difundidos por el régimen birmano sobre la primera vuelta del 28 de diciembre confirman la esperada victoria por amplio margen del partido de los exgenerales. En Myanmar, China sigue caminando por la cuerda floja, continuando con su apoyo a las milicias étnicas que controlan las zonas fronterizas.
El informe de la Agencia Fides registra que en Asia fueron asesinados dos católicos comprometidos en la pastoral: el sacerdote Donald Martin Ye Naing Win, de la arquidiócesis de Mandalay, y el laico Mark Christian Malaca, profesor en Laur. El dato interrumpe la ausencia de víctimas asiáticas que se registró en 2024 y es parte de una cifra creciente en todo el mundo.
La primera fase de las elecciones militares se ha visto marcada por acusaciones de fraude, fallos en el voto electrónico y boicots populares. El partido USDP resultó ganador antes de la apertura de las urnas. La gestión ha puesto de manifiesto el control limitado de la junta entre detenciones, apagones de Internet y la ausencia de observadores internacionales creíbles.
Casi cinco años después del golpe de Estado que puso fin a la democracia, la junta militar ha convocado elecciones, a pesar de que el conflicto continúa en muchas zonas. Diversos organismos internacionales y buena parte de la población civil consideran que estas son una farsa. Mientras tanto, la población desplazada a causa de la guerra y del terremoto sigue intentando construir un futuro lleno de incertidumbres.
