El país sigue atrapado en una guerra civil que ha devastado la economía, multiplicado el número de desplazados y fragmentado el control del territorio. A pesar del alarde de fuerza de las recientes elecciones, la junta militar sólo controla el 40% del territorio. Más de 20 mil opositores siguen detenidos, entre ellos Aung San Suu Kyi. Las divisiones entre las milicias étnicas. La población civil, desilusionada, es la que paga el precio más alto.
Las elecciones, que se llevaron a cabo en tres etapas entre diciembre y enero, fueron reivindicadas como una victoria por el partido respaldado por el ejército, que, según los resultados oficiales, se adjudicó casi todos los escaños. El resultado era previsible porque habían sido excluidas las principales fuerzas de oposición. Mientras tanto la ASEAN, bajo la presidencia de Filipinas, debate sobre las tensiones en el Mar de China meridional.
En vísperas de la última fase de las elecciones organizadas por la junta militar, los bombardeos aéreos han afectado a la población civil en varias regiones de Myanmar. En la aldea de Kawngjar, en el estado de Kachin, un ataque durante una oración fúnebre causó al menos 22 muertos. Otros ataques aéreos afectaron a Magway y Sagaing. El proceso electoral terminó con intimidaciones, mientras que las zonas controladas por la resistencia quedaron excluidas de la votación.
Una organización de derechos humanos ha presentado en Dili una denuncia contra la junta de Myanmar por crímenes de lesa humanidad. La elección de Timor Oriental, que ingresó recientemente en la ASEAN y está marcado por su propia historia de ocupación y violencia, abre un nuevo frente judicial en el sudeste asiático. Los generales de Naypyidaw han reaccionado con una protesta diplomática, acusando a Dili de violar el principio de no injerencia consagrado en la Carta de la ASEAN.
El 11 de enero se celebró la segunda fase de las elecciones generales promovidas por la junta militar de Myanmar. La votación también llegó a zonas en disputa y zonas de conflicto, donde los militares amenazaron a la población civil y lanzaron acusaciones de coacción. Según las Naciones Unidas y observadores independientes, el proceso carece de credibilidad democrática y representa un intento de legitimación internacional de un régimen que sigue gobernando por la fuerza.
Se abre en la Corte Internacional de Justicia de La Haya el caso del presunto genocidio cometido por el ejército birmano contra los rohingya en 2017. El proceso, presentado por Gambia, comienza tras años de inercia internacional, en un contexto marcado por profundas convulsiones políticas y militares en Myanmar. El golpe de 2021, la guerra civil en curso y las cambiantes alianzas sobre el terreno hacen que el juicio se encuentre cada vez más desconectado de la realidad actual.
