La medida de Naypyidaw contra el encargado de negocios de Dili se produce tras la apertura de un proceso judicial por presuntos crímenes de guerra cometidos por el ejército birmano. Es la primera vez que un tribunal de un país del bloque regional inicia una acción legal contra otro Estado miembro. El asunto pone de manifiesto las profundas divisiones internas de la organización, dividida entre quienes piden más presión y quienes desean un acercamiento tras las controvertidas elecciones.
En las últimas semanas la campaña militar de la junta birmana ha continuado con incursiones en aldeas, mercados y monasterios, e incluso mediante vigilancia digital. Los militares reivindican el uso de armas “de precisión”, pero médicos y testigos denuncian un aumento de la letalidad. Min Aung Hlaing ha visitado las zonas de conflicto en Sagaing y se teme una nueva escalada.
Decisivos para la economía, pero ignorados en el debate público: los trabajadores que huyeron de Myanmar no estuvieron presentes entre los temas de la última campaña electoral. Con la victoria del primer ministro tailandés Anutin Charnvirakul y su partido conservador Bhumjaithai, muchos esperan que se legalice su situación, después de que el año pasado se aprobaran los permisos de trabajo para los refugiados en los campos de refugiados en sustitución de los migrantes camboyanos.
El P. Nicholas Han Zaw Shing, ordenado hace pocas semanas, ya había sido desplazado debido a los bombardeos de la junta militar. Salió despedido de su motocicleta y sufrió múltiples heridas. La Campaña internacional para la prohibición de las minas antipersona, que denunció lo sucedido, reiteró que tanto el ejército birmano como los grupos de la resistencia anti-golpe siguen colocando artefactos y creando las condiciones para décadas de grandes sufrimientos.
El país sigue atrapado en una guerra civil que ha devastado la economía, multiplicado el número de desplazados y fragmentado el control del territorio. A pesar del alarde de fuerza de las recientes elecciones, la junta militar sólo controla el 40% del territorio. Más de 20 mil opositores siguen detenidos, entre ellos Aung San Suu Kyi. Las divisiones entre las milicias étnicas. La población civil, desilusionada, es la que paga el precio más alto.
Las elecciones, que se llevaron a cabo en tres etapas entre diciembre y enero, fueron reivindicadas como una victoria por el partido respaldado por el ejército, que, según los resultados oficiales, se adjudicó casi todos los escaños. El resultado era previsible porque habían sido excluidas las principales fuerzas de oposición. Mientras tanto la ASEAN, bajo la presidencia de Filipinas, debate sobre las tensiones en el Mar de China meridional.
