Víctimas, lesiones y traumas: Colombo contra el acoso en las universidades
Las autoridades gubernamentales y escolares decididas a acabar con la práctica del "ragging", muy extendida en las universidades del país. Un fenómeno que provoca miles de abandonos escolares cada año, pero los más frágiles luchan por superar la violencia, tanto física como psicológica. El testimonio a AsiaNews de tres víctimas que aún soportan los efectos invalidantes.
Colombo (AsiaNews) - Bloqueos viales, vigilancia en las entradas y férreos controles en las universidades estatales del país. Las autoridades de Sri Lanka han tomado medidas enérgicas contra el acoso escolar (ragging), que en el subcontinente indio (Sri Lanka, India, Bangladés y Pakistán) identifica el llamado "ritual de iniciación" a la entrada de los institutos en el primer año. Por supuesto, los responsables universitarios podrían invocar leyes específicas como la Ley de Prohibición del Ragging y Otras Formas de Violencia en las Instituciones Educativas número 20 de 1998, pero hasta ahora no ha sido suficiente para frenar una práctica que sigue estando muy extendida.
El código define el "ragging" como un delito punible por la ley, entre otras cosas porque puede tener efectos dramáticos. De hecho, no sólo fomenta el abandono universitario de miles de estudiantes cada año, como confirma Barana Jayawardena, presidente de Futa (Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios). En el peor de los casos, empuja a algunos -y no sólo a los más frágiles- al suicidio porque son incapaces de superar el trauma sufrido. Los estudiantes denuncian que en algunas universidades existen incluso "cámaras de tortura" utilizadas para esta práctica, con consecuencias psíquicas y físicas muy graves.
El asunto volvió a salir a la superficie recientemente, cuando el Tribunal Supremo ordenó a las universidades y al Inspector General de Policía que presentaran informes sobre los incidentes de acoso escolar y las investigaciones de los casos denunciados en los últimos tres años. La directiva se emitió durante el debate de la denuncia de una estudiante de posgrado de la Facultad de Gestión de la Universidad Sri Jayawardenepura, víctima de un incidente durante una fiesta organizada por los estudiantes el 5 de marzo de 2020, que le causó lesiones casi mortales.
Charuni Ileperuma (29), Prasanna Wijesekera (28) y Nimantha Punchihewa (26) son originarios de Mirijjawila, en Hambantota, provincia del Sur. Los tres son antiguos alumnos de la Universidad de Ruhuna y quieren compartir con AsiaNews la violencia que sufrieron en el pasado. "A nosotros (estudiantes de primer año) nos llevaban a distintos lugares después de clase y abusaban de nosotros durante horas. Cuando íbamos al restaurante del campus a comer, los mayores -cuenta Charuni- nos echaban cubos de agua hedionda mezclada con basura y nos pegaban porque nos negábamos a comer comida contaminada".
El relato continúa con la violencia sufrida por la noche, cuando "nos despertaron y me pidieron que me arrastrara hasta una silla. Como estaba atrapada en la silla y no podía salir, me sacaron a rastras. Grité y perdí el conocimiento. Estuve hospitalizada varios meses. Los médicos me dijeron que tenía los huesos dañados y que estaba postrada en cama. Mis padres son agricultores y mi madre se queda en casa para cuidarme, ya que soy inválida". Prasanna y Nimantha también sufrieron abusos similares: saltaron desde el segundo piso de su residencia y ahora caminan con muletas.
Según el ministro de Educación Superior, Suren Raghavan, "aunque se creen leyes y se tomen decisiones políticas, no se puede conseguir el resultado deseado" sin la cooperación de todas las partes interesadas, desde los directores de los centros hasta los profesores y los propios estudiantes. "En los últimos ocho meses", prosigue, "hemos estado trabajando en la creación de un comité nacional contra el acoso escolar, compuesto por 10 miembros" e integrado por representantes del gobierno, activistas pro derechos humanos, fuerzas policiales y el Comité de Protección de Testigos. Porque, advierte, será esencial "garantizar la protección de las víctimas". Nishantha Samarasinghe, ex policía, añade: "La indulgencia de las autoridades universitarias, la reticencia de las víctimas a presentar y tramitar denuncias, la reticencia de los testigos y la falta de apoyo a las víctimas por parte de la dirección de las universidades son obstáculos" en la lucha contra el ragging. Y las comisarías no fomentan las denuncias porque a menudo registran los casos de acoso como "delitos menores".
03/06/2019 10:26
