Veloso será extraditada a Filipinas antes de Navidad. Migrantes vulnerables condenados a muerte

de Steve Suwannarat

La posibilidad de que la mujer condenada a la horca por drogas sea extraditada de Yakarta a su país, donde la pena capital no está en vigor, ha reabierto el debate en todo el Sudeste Asiático, donde todavía se aplica ampliamente en Indonesia, Singapur y Vietnam. El llamamiento a "priorizar la protección de las comunidades más vulnerables, a menudo víctimas de errores de juicio".

Yakarta (AsiaNews) - La decisión del gobierno indonesio de repatriar a la filipina Mary Jane Veloso antes de Navidad, y la necesaria firma de la disposición de clemencia por parte del presidente indonesio Prabowo Subianto, fueron recibidas con satisfacción, pero también como un paso importante en sus esfuerzos, por aquellos que piden la abolición de la pena de muerte en el Sudeste Asiático.

La ciudadana filipina de 39 años, detenida en 2010 por posesión de 2,6 kilogramos de heroína y condenada a muerte en espera de ejecución desde 2015, recibió ayer la notificación de que sería excarcelada y repatriada a Filipinas, donde su caso será sometido a la justicia local, lo que pone en evidencia la importancia de la cooperación regional en cuestiones de justicia y derechos humanos. “Este resultado es un testimonio del poder real de la acción colectiva, de la solidaridad y del esfuerzo sostenido de los activistas en todo el sudeste asiático”, comentó Mercy Christy Barends, miembro de la Cámara de Representantes de Indonesia. También señaló que "el caso de Mary Jane es un fuerte recordatorio de la vulnerabilidad de los trabajadores migrantes y de los fracasos sistemáticos que los exponen a la explotación y la injusticia".

Por su parte Arlene D. Brosas, diputada filipina y miembro del grupo de parlamentarios por los derechos humanos de la ASEAN, llamó al gobierno filipino a "garantizar clemencia a Veloso a su regreso, reconociendo que es víctima de la explotación de seres humanos más que una delincuente".

Se han hecho muchos llamamientos a los gobiernos regionales (especialmente a los once del sudeste asiático donde la pena de muerte todavía está vigente, tanto si se aplica como si está sujeta desde hace tiempo a una moratoria de las ejecuciones) para que den prioridad a la protección de las comunidades más vulnerables, fortalezcan las salvaguardias para los migrantes, y sean abolidas las medidas punitivas que perpetúan las desigualdades y dan lugar a enormes e irreversibles errores de juicio como, precisamente, en la aplicación de la pena capital.

En este momento Indonesia, Singapur y Vietnam todavía conservan la pena de muerte con una función disuasoria, y Myanmar, Laos y Brunei tuvieron un número reducido de ejecuciones en los últimos años. Pero ahora en Myanmar la situación es incierta, dado el control militar y la guerra civil en curso, mientras que en el Brunei musulmán la pena capital está prevista en el contexto de la aplicación radical de la Sharia. Camboya, a pesar de un régimen no liberal y autocrático, la abolió en 1989, seguida en 2006 por Filipinas (donde, por otra parte, no faltaron presiones para que sea restaurada) y en julio de 2023 por Malasia para un gran número de delitos después de cinco años de suspensión de las ejecuciones (aunque quedan 1.300 presos condenados a muerte cuyo destino sigue siendo incierto). La moratoria se aplica también en Tailandia, mientras que Timor Oriental, el único que no forma parte de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), la excluye en su Constitución.

Foto: Flickr/Lennon Ying-Dah Wong