Uigures: Beijing sella aldeas e intenta impedir un foro en la ONU

Los diplomáticos chinos intentaron impedir una conferencia programada para ayer al margen de la asamblea general de las Naciones Unidas. Beijing afirma que ha cerrado los centros de internamiento, pero en realidad traslada a las personas a prisiones comunes.

Nueva York (AsiaNews) - Sabotaje de reuniones y misiones de organizaciones internacionales que tienen como objetivo comprobar la verdad de los hechos (denunciando abusos o violaciones) o verificar la situación sobre el terreno, a pesar de las proclamas oficiales. La represión china en Xinjiang contra la minoría musulmana uigur se ha agravado en los últimos tiempos, y ha llegado incluso a boicotear un foro organizado para ayer al margen de la asamblea general de las Naciones Unidas en Nueva York.

En efecto, durante el fin de semana los diplomáticos chinos intentaron amordazar la reunión, enviando una carta a las misiones internacionales ante la ONU en la cual "exhortaban" -en realidad la carta tenía un carácter amenazante- a no asistir. El intento de boicot constituye una clara injerencia del gobierno de Beijing, que fue rechazada por los embajadores y grupos de activistas que acudieron masivamente al evento.

Uno de los últimos ejemplos de violencia contra la minoría musulmana uigur que se denunciaron durante el encuentro es la decisión del gobierno chino de trasladar cada vez a más personas de los campos de internamiento en Xinjiang al sistema penal ordinario. Aunque al mismo tiempo afirma que está cerrando los campos objeto de la polémica.

Beth Van Schaack, actual embajadora de Estados Unidos para la justicia penal global, considera que la carta de la representación de Beijing ante la ONU [a la que se refiere mediante el acrónimo PRC del partido comunista] es "otro ejemplo de la campaña de represión transnacional" contra los uigures. Por su parte Sophie Richardson, directora de la sección china de Human Rights Watch (HRW), mostró una copia de la carta publicada en exclusiva en los últimos días por National Review, y cuestionó su contenido y la "fuerte recomendación" a la que alude. Un gobierno que actúa de esta manera, añadió, "no tiene derecho a formar parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU" y, por otra parte, confirma que "tiene mucho que ocultar".

Gady Epstein, periodista del Economist y moderador del foro, observó que los medios han olvidado la cuestión de Xinjiang y simultáneamente reprodujeron las proclamas chinas sobre el cierre de los campos de internamiento. Agnès Callamard, secretaria general de Amnesty International, confirmó que "sobre el terreno, la situación no ha cambiado sustancialmente" y, de hecho, los miembros de la minoría musulmana no tienen libertad de movimiento, religión o cultura. Asimismo, las noticias sobre el cierre de los centros son “falsas”. También se registra un aumento significativo de los procedimientos judiciales contra los uigures, que incluyen el "traslado de detenidos de los llamados centros de reeducación o formación profesional a prisiones penales más formales". Y de los más de 15.000 residentes de Xinjiang cuyas sentencias se conocen, más del 95% de los condenados -a menudo por cargos muy vagos, como separatismo o poner en peligro la seguridad del Estado- han sido condenados a penas de entre cinco y 20 años, y en algunos casos incluso cadena perpetua.

El último ejemplo de violación se ha verificado en la aldea de Chuluqai, prefectura autónoma de Ili Kazakh, en el condado de Ghulja, a unos 650 kilómetros al oeste de Urumqi, capital de Xinjinag. Ha sido completamente sellada por las autoridades con el pretexto de "mantener la paz y la seguridad". Sus 13.500 habitantes están sometidos a vigilancia continua y circulación restringida, y solo se puede ingresar o salir del pueblo a través de una "puerta" para vehículos y personas, controlada por la policía y rodeada por una valla electrificada. Esta misma práctica y disposiciones similares ya se han adoptado en otros centros, lo que confirma un clima de represión de los uigures y de violación de derechos que contrasta con la versión oficial china.

Un policía de la zona, contactado por Radio Free Asia (Rfa), explicó que en la entrada se comprueba la identidad de las personas, su procedencia y si tienen familiares detenidos. La campaña "un pueblo, una puerta" se aplica "en todos los condados", añadió la fuente, citando las comunicaciones oficiales de las que tuvo conocimiento a través de la radio. El guardia dijo que había observado personalmente una situación similar en las aldeas de Ewlia, Üchon y Mollatoxtiyuzi, en Ghulja. La construcción de muros alrededor de las comunidades de la región de Xinjiang (que comúnmente los funcionarios llaman “construir nuevas aldeas” o “embellecer los barrios”) está diseñada para limitar la libertad de circulación de los residentes.

Las violaciones cometidas por Beijing contra los uigures en Xinjiang son una cuestión no resuelta; en el pasado reciente el mismo Consejo de Derechos Humanos de la ONU desmintió un informe interno que denunciaba los abusos y se negó a abrir un debate. La mayoría de los países que rechazaron la moción tienen a su vez una gran mayoría musulmana, pero desde hace mucho tiempo están sometidos a la campaña de presión que ejercen los chinos. Uno de los abusos atribuidos a Beijing es mantener aislados a casi dos millones de ciudadanos, en su mayoría uigures, en verdaderos campos de concentración, obligándolos a realizar trabajos forzados. Los chinos niegan las acusaciones y afirman que en Xinjiang hay centros de formación profesional y proyectos para la reducción de la pobreza y de lucha contra el terrorismo y el separatismo.