Túnez vota la Constitución que dejaría el país en manos de un solo hombre

de Chiara Zappa

El lunes 25 de julio es el referéndum sobre la nueva Constitución, que centralizaría todos los poderes en manos del presidente Saïed. El Islam no se define como la religión nacional, pero se dice que el país "pertenece a la nación islámica (Ummah)" y que el Estado debe trabajar para alcanzar "los cinco objetivos del Islam puro". La oposición y la sociedad civil protestan, pero el electorado, debilitado por la crisis económica, podría respaldar al jefe del Estado.

Milán (AsiaNews) - El largo preámbulo afirma que habla en nombre del pueblo y hace constantes referencias a la "thawra", la revolución de 2011. Sin embargo, la nueva Constitución tunecina, que se someterá a referéndum el lunes 25 de julio, corre el riesgo de entregar definitivamente el país a un solo hombre: el presidente Kaïs Saïed.

Fue precisamente el Jefe de Estado -que hace un año suspendió el Parlamento y envió al Primer Ministro a su casa- quien nombró al pequeño grupo de expertos que en apenas un mes preparó el borrador de la nueva carta magna, difundida el 30 de junio. Saïed no estaba del todo convencido del resultado del trabajo de "su" equipo. Por tanto, revisó él mismo el documento, modificando algunos puntos sustanciales. Tanto es así, que el propio jefe de la comisión, Sadok Belaïd, se ha distanciado en los últimos días del texto publicado en el Boletín Oficial, por considerar que podría «allanar el camino a un régimen dictatorial».

Túnez se prepara para el referéndum constitucional en medio de una grave crisis no sólo política, sino también económica y social. La tasa de desempleo se ha disparado, sobre todo entre los jóvenes. También se sufren las repercusiones de la guerra en Ucrania, que ha agravado el precio de las materias primas y los alimentos. El pueblo se siente ahora completamente desilusionado tras las esperanzas de cambio sembradas por la Revolución de los Jazmines. En los últimos años, la clase política ha demostrado su incapacidad para llevar a cabo las reformas necesarias para reactivar el país. Y es evidente que todavía sigue enredada en las viejas dinámicas clientelares contra las que el pueblo se levantó hace once años.

Fue precisamente en nombre de la lucha contra la corrupción que Saïed llevó a cabo su golpe contra los partidos, en particular la formación Ennahdha, dirigida por los islamistas. Pero si hace un año -precisamente el 25 de julio de 2021- los tunecinos habían salido a la calle para apoyar la medida del presidente, ahora parte de la sociedad civil teme que la nueva Constitución ponga en peligro los contrapesos democráticos. Aquellos equilibrios consagrados en la Carta Magna de 2014, fruto de un difícil compromiso entre los partidos políticos en los años posteriores a la revolución y citada como modelo por ser garante de importantes derechos.

La nueva ley fundamental, que se someterá a un referéndum popular sin quórum el próximo lunes, si se aprueba, transformará a Túnez en una república presidencialista pura, con una fuerte reducción del papel del Parlamento. De hecho, el texto prevé que el jefe de Estado ejerza la función ejecutiva, tenga la facultad de nombrar o destituir al primer ministro (sin un voto de confianza de los parlamentarios), rechazar las leyes aprobadas por las cámaras (a la Asamblea de Representantes del Pueblo se sumará un Consejo Nacional de Regiones) y asignar altos cargos civiles y militares.

En los últimos días, más de treinta ONGs y asociaciones de la sociedad civil se han pronunciado contra la excesiva centralización de poderes en manos de Saïed. En una nota conjunta, denuncian "el enfoque unilateral del presidente de la República, que ha confiscado el derecho de los tunecinos a debatir sobre su destino, sin involucrar a los componentes de la sociedad civil, la escena política, el mundo académico y los especialistas". Critican, entre otras cosas, "la supresión de los órganos constitucionales relativos a los medios de comunicación, la justicia, los derechos humanos y la lucha contra la corrupción".

Pero eso no es todo. Los firmantes, entre los que se encuentran la Liga Tunecina por los Derechos Humanos (ex miembro del Cuarteto para el Diálogo Nacional galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 2015), el Sindicato de Periodistas (SNJT), el Foro para los Derechos Económicos y Sociales (FTDES) y la Coalición para la Abolición de la Pena de Muerte, argumentan que el texto en cuestión "socava la noción de ciudadanía que une a los tunecinos, en la que no existe la discriminación por credo, color o género".

De hecho, en el artículo 1 de la nueva Constitución se ha eliminado la referencia al carácter civil del Estado. Y aunque el Islam no se define como la religión nacional, de hecho el artículo 5 declara que el país "pertenece a la nación islámica (Ummah)" y que el Estado debe trabajar para lograr "los cinco objetivos del Islam puro: la preservación de la vida, el honor, la propiedad, la religión y la libertad". De modo que se desvanecen las esperanzas de quienes esperaban un giro "laico" en la nueva Constitución.

Es un punto que preocupa a algunos juristas y cuya opinión comparten algunos exponentes de las minorías, como los cristianos. Por otro lado, el texto no sólo mantiene la restricción de que el presidente de la República debe ser musulmán, sino que también exige que los candidatos a la presidencia, así como los miembros del parlamento, tengan tanto padres como abuelos de nacionalidad tunecina. Además, desaparece la referencia a la universalidad de los derechos humanos.

Pero si es cierto que una parte de la sociedad civil expresa su disconformidad y que el líder de Ennahdha, Rached Ghannouchi, ha instado a los ciudadanos a boicotear el referéndum (una opción contraproducente dada la ausencia de quórum), el hecho es que el presidente sigue contando con el apoyo silencioso de una gran parte de la población. Muchos ven esta "ruptura" con la democracia como una medida dolorosa pero necesaria para erradicar la corrupción. Y, ante las dificultades diarias para conseguir incluso el pan, están dispuestos a renunciar a un amplio margen de libertad con la esperanza de que un presidente "fuerte" pueda volver a encarrilar un país donde reina el desorden.

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