Tras la ofensiva contra los islamistas, piden a Delhi que proscriba a los radicales hindúes

de Alessandra De Poli

Por temor a que se produzcan enfrentamientos, Tamil Nadu prohibió a la Rashtriya Swayamsevak Sangh celebrar un mitin en el día de ayer. En los últimos días, el gobierno federal arrestó a cientos de miembros del Popular Front of India y proscribió la agrupación por un plazo de cinco años. El continuo uso de la ley antiterrorista podría alimentar el extremismo.

Milán (AsiaNews) - El gobierno de Tamil Nadu prohibió ayer la celebración de un mitín público de Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) que había sido autorizado por el Tribunal Superior de Madrás hace una semana. La prohibición se produce pocos días después de que el gobierno central de Delhi ordenara la disolución del Popular Front of India (PFI) y su proscripción por el término de cinco años ,en virtud de la Ley de Prevención de Actividades Ilegales (Unlawful Activities Prevention Act, UAPA).

Tras el anonimato, un funcionario del gobierno indio dijo al Indian Express que en las dos últimas semanas se han producido al menos 20 incidentes diferentes de violencia en Tamil Nadu provocados por seguidores de las dos organizaciones. El RSS y el PFI son dos grupos radicales, el primero hindú y el segundo musulmán. "Aunque el PFI y el RSS son dos caras de la misma moneda, salvo por su identidad religiosa, también hay una serie de partidos que se preparan para protestar contra los mítines del RSS", explicó el funcionario estatal. “Por tanto, también hemos denegado el permiso para protestar a otras formaciones". Si los grupos rivales se enfrentan entre sí, se crearán graves problemas de orden público".

En los últimos días, el gobierno llevó a cabo un megaoperativo contra los islamistas del PFI, arrestando a un centenar de personas vinculadas a la organización y al Partido Socialdemócrata Indio, brazo político del movimiento.

El PFI nació en 2007 y en pocos años se ha convertido en una organización radical y violenta: en 2010 un grupo de fanáticos cortó con un hacha la mano de un profesor católico en Kerala, acusado de hacer comentarios despectivos en clase, dirigidos contra el profeta Mahoma. En 2015, 13 personas fueron encarceladas, pero antes del 28 de septiembre de este año, los gobiernos estatales nunca habían tomado medidas contra el grupo, que ha sido acusado repetidamente de actividades relacionadas con el terrorismo. En junio de este año, los miembros decapitaron a un hombre hindú en Rajastán.

El PFI está implicado en una serie de casos criminales y terroristas y muestra una total falta de respeto a la autoridad constitucional del país. Recibe fondos y apoyo ideológico del exterior [léase Pakistán] lo que supone una grave amenaza para la seguridad interna de la nación", dijo el gobierno federal en un comunicado, en el que también citó los vínculos del PFI con grupos terroristas extranjeros como el Estado Islámico.

Además de la prohibición del grupo por un plazo de cinco años, se procederá a congelar las cuentas bancarias y a confiscar los bienes del movimiento. El PFI aceptó la disolución, pero también acusó a Delhi y a los miembros del partido Bharatiya Janata (BJP) -el partido nacionalista hindú del primer ministro Narendra Modi- de crear "un clima de terror".

Ayer, algunos diputados del Congress Party también pidieron la prohibición del RSS, una organización que suele ser descrita como un grupo paramilitar. Fundada en 1925 y de inspiración fascista, su objetivo es difundir los ideales del Hindutva, el ultranacionalismo hindú que defiende la superioridad del hinduismo sobre otras religiones. De hecho, el RSS ya ha sido prohibido tres veces en la historia de la India independiente: primero en 1948, tras el asesinato de Mahatma Gandhi por un seguidor del movimiento, y luego en 1975 y 1992, en momentos de especial tensión política.

El propio Modi fue miembro del RSS en su juventud y muchos consideran al BJP su extensión política porque defiende la idea de que la India está amenazada por la presencia de la minoría musulmana (200 millones de personas, más del 14% de la población). En los últimos días, las personas que protestan por las medidas represivas adoptadas contra el PFI han sido acusadas de corear consignas a favor de Pakistán.

Por tanto, además de un contexto político de violencia sectaria, se vislumbra un estallido de un extremismo contra otro extremismo.

Es interesante observar el uso que hace Delhi de la Ley Antiterrorista (UAPA), la misma que encarceló al P. Stan Swamy, el jesuita de 84 años que luchaba por el reconocimiento de los derechos tribales y que murió el año pasado mientras se encontraba bajo custodia judicial.

En repetidas ocasiones, los que critican al gobierno central lo han culpado de utilizar la legislación contra la prevención de actividades ilegales para reprimir la disidencia y amordazar a los activistas y periodistas que denuncian el accionar del BJP. Desde 2014, año en que Modi se convirtió en primer ministro, los casos de terrorismo han ido en aumento: 976 en 2014, 897 en 2015, 922 en 2016, 901 en 2017, 1.182 en 2018, 1.226 en 2019 y 1.321 en 2020. El año pasado, sin embargo, bajaron a 814. A partir de 2019, la ley faculta al gobierno federal a tomar medidas contra los individuos aún cuando no haya pruebas presentadas contra ellos. La realidad es que solo el 2,2% de los casos registrados bajo la legislación entre 2016 y 2019 terminaron con una condena en los tribunales.

En el complejo cuadro nacional indio, una cosa parece cierta: al no distinguir entre una amenaza real a la seguridad interna y la represión de los derechos humanos se corre el riesgo de alimentar aún más el radicalismo. Suspender las manifestaciones de protesta podría no ser suficiente para apaciguar los ánimos en el corto plazo.