Tokio, el escándalo de la financiación ilícita del PLD sacude al gobierno de Kishida

de Angeline Tan

La atención está centrada en una corriente dentro del partido vinculada al primer ministro, que supuestamente se embolsó sobornos por valor de más de tres millones de euros. El nuevo escándalo se suma a las polémicas relaciones con la Iglesia de la Unificación. Sin embargo, la debilidad del frente de oposición hace poco probable que se produzca un cambio de rumbo, incluso en el caso de que se recurra a las urnas.

Tokio (AsiaNews)- El escándalo político por la recaudación de fondos que involucra a la facción más importante del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) en Japón podría significar un rápido final para la administración encabezada por el primer ministro Fumio Kishida. Otra nube se cierne sobre el Ejecutivo, que ya enfrenta una presión cada vez mayor por sus vínculos con un controvertido grupo religioso. Hasta ahora las acusaciones se han limitado "sólo" a la mayor de las (al menos) cinco facciones dentro del PLD, el partido del asesinado ex primer ministro Shinzo Abe.

Los miembros de la comisión directiva no pudieron dar explicaciones en relación con las acusaciones de que habían recibido dinero procedente de ingresos no declarados que se recolectaron en el contexto de eventos y fiestas de recaudación de fondos. Los fiscales ya están investigando presuntos sobornos por un total de 500 millones de yenes aproximadamente (más de 3,1 millones de euros) entregados a funcionarios del PLD durante los últimos cinco años.

El dinero se habría pagado a los miembros del partido que habían superado sus cuotas en la venta de entradas para eventos de recaudación de fondos del partido, que luego no se declararon correctamente a las autoridades fiscales. También existe la posibilidad, según informa el diario de izquierda Asahi Shimbun, de que la cantidad total de ingresos y gastos no declarados sea el doble de lo detectado hasta el momento y alcance la importante cifra de mil millones de yenes.

Si bien la cantidad recibida varía entre los parlamentarios en cuestión, presuntamente más de 10 miembros recibieron fondos superiores a los 10 millones de yenes. Entre ellos, el nombre más destacado es el de Seiko Hashimoto, legisladora de la Cámara Alta y ex ministra de Juegos Olímpicos, a la que se acusa de haberse apropiado de 20 millones de yenes en cinco años, incluido el período en el que fue miembro del Ejecutivo. A ella se suma Yasutada Ohno, legislador de la Cámara Alta de la prefectura de Gifu, que supuestamente se embolsó 50 millones de yenes, la suma más alta impugnada hasta el momento.

Una facción interna del Partido Liberal Democrático liderada hasta hace poco por Kishida estaría involucrada en la escalada del escándalo de malversación de fondos. Según informan los medios, la facción liderada por el primer ministro Kishida hasta que dimitió la semana pasada habría ocultado parte de sus ingresos con declaraciones parciales, aunque las cantidades todavía no están claras. La facción anunció en un comunicado "medidas apropiadas para verificar los hechos" y el propio Kishida admitió después haber dado instrucciones al grupo para que tomara medidas y realizara los cambios necesarios.

Sin embargo, el camino que tienen por delante Kishida y el PLD parece ser, cuanto menos, arduo. Según una encuesta de NHK durante el fin de semana, el 66% de los encuestados dijo que las respuestas de Kishida al escándalo, como la renuncia a su facción y pedir al partido que suspenda temporalmente los eventos de recaudación de fondos, llegaban con flagrante retraso. El apoyo del electorado también ha caído por debajo del 30%, por primera vez desde que asumió el poder en diciembre de 2012.

Desde que asumió el cargo hace poco más de dos años, el primer ministro Kishida ha mostrado una gran dependencia de la facción de Abe dentro del partido, lo que generó más de una duda sobre su capacidad real para encabezar el gobierno y conservar el apoyo interno. Y sobre todo, los índices de aprobación del actual primer ministro se han derrumbado a pesar de la reorganización del gobierno que hizo en septiembre y del paquete de estímulo de 17 billones de yenes (aproximadamente 108.500 millones de euros) declarado en noviembre para Japón, la tercera economía más grande del mundo. Al mismo tiempo, el propio Kishida ya se preparaba para destituir a cuatro ministros por las acusaciones mencionadas, entre los cuales se encuentra su mano derecha, el secretario del gabinete Hirokazu Matsuno, quien supuestamente aceptó más de 10 millones de yenes (más de 63 mil euros) en sobornos y no quiso responder a las preguntas de los periodistas que lo interrogaron sobre el polémico asunto.

Al parecer el bloque de la oposición ha presentado una moción de censura contra el gobierno de Kishida, aunque es poco probable que prospere debido a la falta de apoyo. Además, el propio Matsuno se enfrentó a una moción de censura, pero la Cámara Baja no la aprobó. Dado que otros miembros de la facción enfrentan acusaciones similares a medida que el escándalo se amplía, algunas fuentes internas revelan que Kishida ha decidido destituir a Matsuno y sustituir a todos los demás ministros de su gabinete que pertenecen a la facción responsable del (presunto) escándalo. Según informa la emisora japonesa NHK, un equipo especial de la Fiscalía de Tokio seguirá investigando los flujos de fondos y los presupuestos de la facción.

La permanencia de Kishida en el poder ya estuvo condicionada por la controvertida relación de su partido con la Iglesia de la Unificación. Sumado a que algunos miembros destacados de esa Iglesia, que a menudo se considera una secta, también participaron en un encuentro con el primer ministro en 2019, cuando era responsable de la dirección política del partido. Tanto es así que, según algunos comentaristas, el revuelo que las revelaciones provocaron en la opinión pública ha preocupado a muchos miembros del PLD sobre la posibilidad de no poder ganar las elecciones nacionales con Kishida como líder. Otros correligionarios temen que el actual primer ministro ni siquiera sea capaz de apaciguar el escepticismo público sobre sus vínculos con la Iglesia de la Unificación. Takahide Kiuchi, economista del Instituto de Investigación Nomura, señala que a pesar de la intención de Kishida de buscar la confirmación como presidente del Partido en las elecciones previstas para el próximo septiembre, podría recibir presiones para no presentarse.

Kishida no deberá afrontar las elecciones para la Cámara de Representantes hasta que expiren los mandatos de sus miembros en otoño de 2025. Las elecciones para la Cámara de Consejeros también están previstas para el verano de ese mismo año. Sin embargo, algunos legisladores de la oposición han expresado su temor de que, si se presenta una moción de censura ante la Dieta, Kishida podría correr el riesgo de disolver la Cámara baja para convocar elecciones generales. Este escenario, que el primer ministro ya ha considerado en el pasado, podría tomar por sorpresa a los partidos de la oposición, dándoles poco tiempo para prepararse para las elecciones.

A pesar del colapso del apoyo al Ejecutivo, los índices de apoyo de los principales partidos de la oposición tampoco han aumentado sensiblemente, lo que sugiere que tal vez el frente de oposición al gobierno no pueda desalojar al PLD del poder aunque su líder se tambalea. El principal partido de oposición de Japón, el Partido Constitucional Democrático, no ha logrado explotar significativamente la debilidad del gobierno actual, y el Japan Innovation Party, aunque ha aumentado considerablemente su base de apoyo, no ha establecido un perfil lo bastante fuerte a nivel nacional como para tener impacto en la perspectiva electoral.