Teherán arma al verdugo y bate el récord mundial de ejecuciones en 2023

Según el informe anual de Amnistía Internacional, con 1153 condenas a muerte, la cifra más alta en ocho años y un aumento de más del 30% respecto a 2022. Por el contrario, disminuye el número de naciones (16) en las que se ejecuta a personas. El triste récord es para la República Islámica, con 853 ahorcamientos. Pero faltan los datos (secretos, pero por miles) de China, Corea del Norte y Vietnam.

Teherán (AsiaNews) - El Irán de los ayatolás encabeza el aumento récord de ejecuciones en el mundo en 2023, la cifra más alta en ocho años, debido al amplio uso de verdugos por parte de la República Islámica y varias otras naciones de Oriente Medio. Dan la voz de alarma los activistas de Amnistía Internacional en su último informe anual publicado estos días, según el cual un total de 1.153 personas fueron ejecutadas en 16 países de todo el mundo (al menos estas son las cifras oficiales), un récord un 30% superior al de 2022.

Sólo Teherán llevó a cabo el 74% de las ejecuciones, intensificando el uso de la pena capital por delitos de drogas, mientras que Arabia Saudí -en el pasado entre los grandes defensores de las penas de muerte- llevó a cabo el 15%. Hay que señalar aquí que se excluye del recuento a China, que aunque hace un amplio uso del verdugo mantiene en secreto las cifras y, por tanto, no se incluye en las listas; sin embargo, diversas fuentes coinciden en que son miles cada año y no hay marcha atrás.

«Debido al secreto de Estado [al que se opone Beijing], las cifras de Amnistía, señala el movimiento activista, no incluyen los miles de personas que se cree que han sido ejecutadas en China, que sigue siendo el principal verdugo del mundo». «Del mismo modo, Amnistía -continúa la nota- no pudo proporcionar cifras exactas de Corea del Norte y Vietnam, naciones en las que se cree que se recurre ampliamente a las ejecuciones.

La cifra de ejecuciones es la más alta registrada por la ONG internacional desde 2015, cuando el número de personas ejecutadas alcanzó las 1634. Según el informe, la República Islámica condenó a muerte al menos a 853 personas el año pasado, frente a las 576 de 2022 y las 314 de 2021. Más de la mitad de las ejecuciones de 2023 fueron por delitos relacionados con las drogas, pero no faltaron las condenas impuestas por participar en protestas callejeras, especialmente las relacionadas con el asesinato de Mahsa Amini, o por «corrupción sobre el terreno». Un delito genérico aprovechado para enviar a la horca [en Irán se practica la horca] a los opositores, a las voces críticas o a quienes luchan por la libertad o denuncian las distorsiones del régimen de los ayatolás.

A pesar del aumento de las ejecuciones en todo el mundo, el número de países que han condenado a muerte a personas ha sido «el más bajo» hasta la fecha, señala la ONG activista. No se registraron ejecuciones en Bielorrusia, Japón, Myanmar y Sudán del Sur, todos ellos países que llevaron a cabo condenas a muerte en 2022. «El enorme repunte de las ejecuciones registradas se debe principalmente a Irán», confirmó la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard.

«Las autoridades iraníes han mostrado un desprecio total por la vida humana y han aumentado las ejecuciones -continúa el experto- por delitos de drogas, lo que pone aún más de relieve el impacto discriminatorio de la pena de muerte en las comunidades más marginadas y empobrecidas del país. De signo contrario es la dirección tomada por Pakistán, que el año pasado derogó la pena de muerte por delitos de drogas, mientras que en Malasia se abolió la obligación de recurrir al verdugo por consumo o tráfico de drogas.

En otros lugares de Asia, las autoridades de Sri Lanka confirmaron que el presidente no tiene intención de firmar órdenes de ejecución, disipando los temores de que el país pudiera reanudar la ejecución de personas. Por último, el informe anual destacaba los datos de Estados Unidos, la única nación occidental donde -al menos en parte- sigue vigente la pena capital. El año pasado, las ejecuciones aumentaron a 24, frente a las 18 de 2022. En Idaho y Tennessee se han presentado proyectos de ley para la ejecución por fusilamiento, mientras que el estado de Montana ha considerado una medida para ampliar la gama de sustancias utilizadas en las inyecciones letales.