Tashkent, conocida activista torturada por la policía: investigaba sobre el trabajo forzado en los campos de algodón

La mujer había recogido entrevistas y fotografías sobre la explotación del trabajo adulto en los campos de algodón. La policía amenazó con difundir la foto de ella en internet desnuda, fotos sacadas durante su detención. Amenazas también contra la familia y los colegas activistas. Fórum uzbeko-alemán denuncia la muerte de 17 personas obligadas a juntar algodón.

Tashkent (Asianews)- La policía uzbeka antes arrestó y luego torturó y sometió a violencias sexulaes a Elena Urlaeva, porque juntaba pruebas de la explotación del trabajo en los campos de algodón. Lo denuncia la misma mujer, una activista de 58 años conocida a nivel internacional y presidente de las Human Rights Defenders´Alliance de Uzbekistán. La activista fue detenida el 31 de mayo por 18 horas en la cárcel de la ciudad de Chinaz (a pocos km de la capital) después de haber efectuado una serie de entrevistas y haber sacado fotos que probaban la explotación también de enseñantes, además que a los niños en los campos de algodón del país centro-asiático.

La señora Urlaeva refirió que fue conducida a la comisaría de la policía local, donde los funcionarios la obligaron a consignar las fotografías y la obligaron a soportar descargas eléctricas. Algunos para-médicos decidieron desnudarla y la obligaron por la fuerza a inspecciones vaginales y rectales. La mujer denuncia que fue llevada al hospital, donde los médicos le preguntaron si había recibido descargas eléctricas y le han hecho algunas radiografías al tórax y al estómago. Luego fue reenviada a la comisaría, donde amenazaron también a su familia y a sus colegas activistas. Los policías le confiscaron la cámara fotográfica y los apuntes e entrevistas.

Steve Swerdlow, director del departamento para Asia central de Human Roghths Watch, declaró a Radio Free Europe/ Radio Liberty que la detención y los abusos sufridos por la Urlaeva representan “el nuevo punto más bajo del gobierno de Uzbekistán” y un tentativo de “violentar a la sociedad civil del país”. Él denuncia: “Asistimos raramente a episodios de tal brutalidad fuera de las cárceles y lo que ocurrió exige una inmediata e inequivocable respuesta por parte de actores internacionales, entre ellos los EEUU y la unión europea”. Swerdlow refirió en el sito que Urlaeva fue amenazada por los policías, que querían publicar su foto desnuda en internet, fotos que le sacaron durante su detención. La mujer quiere ahora hacer la denuncia contra los policías y los médicos de Chinaz involucrados en su arresto. Al mismo tiempo, quiere continuar trabajando para “monitorear el trabajo forzado en Uzbekistán”.

Elena Urlaeva indaga de hace más de 20 años sobre los abusos del gobierno del presidente Islam Karimov, reelegido en marzo con un voto plebiscitario, en relación con los menores, obligados a trabajar en los campos de algodón durante el período de cosecha, normalmente entre la mitad de septiembre y noviembre, porque su mano de obra cuesta menos respecto a la de un adulto.

En este caso, en cambio, la mujer estaba juntando pruebas sobre la explotación también del trabajo adulto, sobre todo el de los empleados y docentes, que ya fue denunciado en abril en un estudio Fórum uzbeko-alemán por los derechos humanos (UGE). En el reporte la Ong acusa al presidente Karimov de obligar a “más de 1 millón” de uzbekos a trabajar en la recolección de algodón, el sector más productivo del país. Según los activistas, durante la última estación de recolección murieron al menos 17 personas y muchas han sufrido heridas. Además los ciudadanos son obligados a trabajar en manera y condiciones inhumanas, por 10 horas consecutivas, ininterrumpidas sólo por una breve pausa. Viven en habitaciones de fortuna, a menudo no calefaccionadas, amontonados y sin agua potable y servicios higiénicos.

El año pasado el Banco Mundial comenzó a dar préstamos para el sector agrícola, pero condicionó su ayuda a la eliminación de la explotación del trabajo. En febrero la organización financiera decidió suspender los préstamos para el campo agrícola. Tal decisión suscitó una ola de protestas por parte de organizaciones que se ocupan de la defensa de los derechos humanos y provocó un apriete de las posiciones del gobierno contra los activistas e inspectores, como lo demuestra también la expulsión de un inspector ruso en finales de marzo.