Sri Lanka: persecución continua de las familias de las víctimas de desaparición forzada
Sri Lanka tiene una de las tasas más altas del mundo de desapariciones forzadas, miles de víctimas desaparecieron durante la insurgencia Janatha Vimukthi Peramuna y la guerra civil con los Tigres Tamiles. Human Rights Watch denuncia la continua persecución de las familias de las víctimas mediante vigilancia, intimidación y detenciones arbitrarias. A pesar de la Oficina de Personas Desaparecidas, casi ningún caso se ha resuelto. Las familias piden la intervención internacional.
Colombo (AsiaNews) - Sri Lanka tiene una de las tasas más altas del mundo de desapariciones forzadas, incluidos los desaparecidos durante la insurgencia izquierdista Janatha Vimukthi Peramuna (1987-89) y la guerra civil entre el gobierno y los Tigres de Liberación de Tamil Eelam (1983-2009). Las autoridades de Sri Lanka se negaron durante décadas a revelar la suerte de los desaparecidos o a procesar a los responsables, lo que llevó a la oficina de derechos humanos de la ONU a pedir procesamientos internacionales. E incluso ahora, el gobierno de Sri Lanka sigue persiguiendo a las familias de las víctimas de desaparición forzada que intentan hacer valer sus derechos, señaló ayer Human Rights Watch. «Las fuerzas de seguridad siguen persiguiendo a las familias mediante vigilancia, intimidación, falsas acusaciones, violencia y detenciones arbitrarias», afirmó HRW recordando el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se celebró ayer, 30 de agosto.
El 29 de agosto de 2024, un tribunal de Trincomalee confirmó la petición de la policía de prohibir a los familiares de personas desaparecidas celebrar una procesión con este motivo. Meenakshi Ganguly, subdirectora para Asia de Human Rights Watch, declaró: «Los familiares de los desaparecidos sufren el tormento diario de no saber qué les ocurrió a sus familiares, que los organismos estatales han agravado cruelmente al intentar silenciarlos». Añadió que muchos de ellos murieron sin tener la verdad ni la justicia en sus manos. En su informe anual sobre Sri Lanka, presentado el 22 de agosto al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, describió «una tendencia persistente de vigilancia, intimidación y hostigamiento de periodistas y agentes de la sociedad civil, en particular los que trabajan sobre las desapariciones forzadas... y represalias contra familiares de desaparecidos que se relacionan con agentes de la ONU o internacionales, incluidos miembros de la comunidad diplomática».
En mayo, Human Rights Watch se reunió con familiares de personas desaparecidas en el norte y el este de Sri Lanka, en su mayoría esposas o madres de las víctimas. «Describieron un patrón de abusos continuos. Muchos se enfrentan a procesos judiciales tras ser detenidos durante las protestas, incluidos tres que fueron hospitalizados debido a la violencia policial contra los manifestantes», informa. Además, al describir la amarga experiencia de una mujer de la Provincia Oriental, que lucha por conocer la suerte de su marido, afirma que cree que es objeto de vigilancia periódica por parte de los organismos de seguridad, entre ellos el Departamento de Investigación Criminal de la policía, la División de Investigación del Terrorismo, el Grupo Especial y el ejército.
«No podemos alzar la voz, no tenemos libertad de movimiento», dijo una mujer de la Provincia Septentrional, cuyo esposo no ha sido visto desde su detención en 2008. «Nos amenazan [los organismos de seguridad] y toman medidas incluso contra nuestros familiares. No tenemos libertad para hacer nada». Las mujeres relataron que los agentes de policía entregan habitualmente órdenes de permanencia -que les prohíben asistir a actos conmemorativos o protestas- en plena noche, cuando están vestidas de noche y tomando fotografías. «Si mi puerta está cerrada, la policía salta el muro o corta la valla para dar la orden de permanencia», dijo una de ellas. Varias madres de desaparecidos dijeron que las amenazas más aterradoras iban dirigidas a sus otros hijos. Una contó que, cuando participa en protestas, la policía le dice: «Tienes que cuidar de tu hijo, que sigue vivo». Otra contó que pocos días después de que la detuvieran durante una protesta en 2023, detuvieron a su hijo por un caso de drogas supuestamente inventado y lo enviaron a «rehabilitación».
En 2017, el gobierno de Sri Lanka creó la Oficina de Personas Desaparecidas (OMP), que se supone que debe determinar el paradero o la suerte de las personas desaparecidas, pero no ha resuelto casi ningún caso. Los familiares han acusado a la OMP de presionarles para que acepten indemnizaciones, lo que temen que lleve a que sus casos se desestimen sin más investigación. «Solíamos confiar en la OMP, pero después de que contrataran a algunos comisarios, perdimos la confianza», dijo la madre de un desaparecido de Mannar, al noroeste de Sri Lanka, refiriéndose al nombramiento de ex altos cargos de las fuerzas de seguridad para el organismo. Dijo que rechazaba las ofertas de indemnización porque «necesito saber qué le ocurrió a mi hijo». Muchos familiares de desaparecidos también se muestran escépticos ante la propuesta del actual gobierno de crear una nueva comisión nacional de la verdad y la reconciliación, después de que numerosos organismos similares fracasaran en el pasado a la hora de garantizar la verdad o la rendición de cuentas. «No la aceptamos. No confiamos en ella», afirmó uno de ellos. Destacaron la importancia de la participación internacional, también en las investigaciones penales.
22/11/2018 11:10
