28/03/2014, 00.00
SRI LANKA
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Sri Lanka, activistas cristianos en el gobierno. No a la ley anti-terrorismo, amenaza a la democracia

de Melani Manel Perera
El Christian Solidarity Movemente (Csm) y otras asociaciones por los derechos humanos ha presentado al ministerio de la Justicia un pedido oficial para abolir el Revention of Terrorism Acta (Pta). Los demostrantes han recordado los recientes casos de arrestos y detenciones en nombre de las disposiciones. Entre tantos, los de Ruki Fernando y el del p. Praveen Maheshan.

Colombo (AsiaNews)- Abolir la ley anti-terrorismo, liberar a quien fue arrestado en modo arbitrario y farantizar los derechos humanos y legales de quien se encuentra en estado de prisionero. Son los pedidos presentados al ministerio de la Justicia por asociaciones cristinas y no de Sri Lanka, que el 25 de marzo pasado han organizado una manifestación delante de la magistratura de Colombo, la capital. Entre los presentes familiares de personas desaparecidas durante y después de la guerra civil, de los cuales no se tienen más noticias. El p. Ashok Stephen y el p. Marimuttu Sathivil, miembros del Christioan Solidarity Movement (Csm), fueron recibidos por el Ministro y le han consignado una carta oficial

Además de del Csm, el documento fue preparado por el Collective of the Families of the Disapperared, el Janawaboghaya centre, el National Fisheries Solidarity Movement y el Ceylon Teachers Union.

El gobierno de Sri Lanka, continúa a sostener la necesidad de la ley antiterrorismo (Prevention of Terrorism Act, Pta), afirmando que en el país hay quien está tratando de reformar las Liberartion Tigers of Tamil EElam (Ltte), los rebeldes de los tigres tamil que por casi 30 años (1983-2009) han luchado por la creación de un Estado independiente en las provincias del nord-este del país (de mayoría tamil). Sin embargo los activistas por los derechos humanos sostienen que la democracia esté en peligro justo por culpa de esta ley.

La manifestación fue organizada a continuación del arresto del p. Praveen Mahesdan, sacerdote tamil y Ruki Fernando, activista católico singalés. Liberados después de 3 días de detención, los dos fueron detenidos en base al Pta, por haber pedido información sobre Balendran Jevakumari, activista por los derechos humanos, arrestada junto a su hija de 13 años, con la acusación de "dar refugio a un criminal".

Si la cuestión del p. Praveen y Fernando se fuese resuelto con su liberación- no obstante una orden restrictiva emitida por un tribunal de Colombo- gracias a una gran campaña mediática, no se puede decir lo mismo por la mujer tamil y su hija, o por otros episodios similares acontecidos en el norte del país. Además del caso de Balendran, en la carta las asociaciones se refieren también al caso de Nithershana, 28 años, arrestada en Wiahwamadhu el 12 de marzo pasado, de la cual no se conoce su actual paradero y de K. Sharmila de Paalai Otturu, embarazada y en la cárcel en el centro de detención de Boosa desde el 13 de marzo.

Suor Ramani, religiosa de la Sagrada familia, demuestra una particular preocupación por la situación de Balendran JayaKumari: "su hija tiene sólo 13 años y se encuentra bajo vigilancia. Ya perdió a su padre y dos hermanos en la guerra. Un tercero desapareció después de haber sido llevado por el ejército. Quedó sól la madre para protegerla, pero después de estas falsas acusaciones perdió hasta a ella. Lo que ha hecho el gobierno, privar a una madre de su hija, es una cosa vergonzosa". 

 

 

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