La agencia anticorrupción que investiga el intento de imponer la ley marcial sigue enfrentando la resistencia de la policía y de los abogados de Yoon, quien se ha negado tres veces a ser interrogado. Mientras tanto, la comisión parlamentaria de impeachment (controlada por la oposición) quiere acelerar la audiencia ante la Corte Constitucional.

Seúl (AsiaNews/Agencias) - Más de un mes después del comienzo de la crisis política en Corea del Sur, el gobierno y la oposición no parecen capaces de superar todavía el punto muerto sobre el destino del ex presidente Yoon Suk-yeol, acusado de proclamar la ley marcial la noche del 3 de diciembre. Esta mañana Oh Dong-woo, jefe de la Oficina de Investigación de Corrupción de Altos Funcionarios (CIO), se disculpó por no haber ejecutado la orden de arresto contra el ex presidente, pero prometió que se haría otro intento. Hizo estas declaraciones ante la comisión parlamentaria que se ocupa del proceso de impeachment, previsto para dentro de una semana.

El 3 de enero cientos de funcionarios de la agencia anticorrupción se enfrentaron con los guardias presidenciales de Yoon durante aproximadamente seis horas, lo que impidió el arresto del ex primer ministro. Hasta el momento, Yoon ha ignorado las citaciones para comparecer ante el tribunal para ser interrogado. Tras el intento de captura, su residencia fue atrincherada, rodeada de alambre de púas y está constantemente custodiada por cientos de agentes. Los investigadores habían pedido a la policía que ejecutara la orden de arresto, pero los oficiales se negaron a llevar a cabo la operación, afirmando que era un tema legalmente controvertido.

La cárcel efectiva de Yoon dependerá de las próximas medidas que tome la Oficina de Investigación de Corrupción de Altos Funcionarios, que si bien ya decidió emitir una nueva orden de captura no ha comunicado el plazo de vigencia de la medida. La Justicia podría permitir a los funcionarios del COI retener a Yoon hasta 20 días. Pero, según los observadores, persistiría el obstáculo de la seguridad, y el presidente en funciones, Choi Sang-mok, no ha cedido a las presiones de la oposición - que controla la Asamblea Legislativa, el Parlamento surcoreano, desde abril del año pasado - para despedir a los oficiales de la Policía y a funcionarios del gobierno que se oponen al arresto de Yoon.

La resistencia de los miembros del Partido Poder Popular es respaldada por los abogados del ex jefe de Gobierno, según los cuales la orden de arresto es "ilegal", porque los investigadores no tienen autoridad para llevar a cabo un proceso penal por insurrección, la acusación que se le ha hecho al ex presidente. Al mismo tiempo, el jefe de gabinete a cargo de la seguridad presidencial dijo que Yoon debe permanecer en el cargo hasta que la Corte Constitucional se pronuncie sobre su impeachment. El opositor Partido Democrático ha acusado a los servicios de seguridad de haberse convertido en la “milicia privada” de Yoon.

Para acelerar el proceso legal, la comisión parlamentaria que sigue el caso declaró hoy que el cargo de insurrección contra Yoon será eliminado del proceso de impeachment y se dejará que se decida mediante la legislación penal. El juicio político, sin embargo, comenzará el 14 de enero y también se desarrollará en ausencia del presidente, una circunstancia que en realidad ya se verificó en 2004 y 2016 con el impeachment de los ex presidentes Roh Moo-hyun y Park Geun-hye. Los jueces de la Corte Constitucional tendrán un máximo de 180 días para decidir si destituyen a Yoon o le devuelven sus poderes.

Mientras tanto, la opinión pública parece cada vez más polarizada: durante el fin de semana cientos de manifestantes desafiaron una fuerte nevada para protestar contra y a favor de Yoon, quien en las últimas semanas ha galvanizado a sus partidarios prometiendo "luchar hasta el final". Ayer, los diputados del PPP se concentraron frente a la residencia del ex presidente y la policía se vio obligada a intervenir bloqueando las vías de acceso.

La situación también empieza a preocupar a los aliados de Corea del Sur, en particular a Estados Unidos, que hasta ahora ha trabajado para restablecer las relaciones diplomáticas entre Seúl y Tokio en un intento de contrarrestar a Beijing. Según los expertos, Washington, que pronto verá el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, no tiene intención de quedar involucrado en asuntos políticos internos y mantiene como prioridad en la región la lucha contra la expansión de la influencia china. El secretario de Estado Antony Blinken declaró que tenía “plena confianza” en las instituciones y el pueblo de Corea del Sur para resolver la crisis.

 

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