Secreto, puntajes y castigos: la vida en los lager de Xinjiang

Los “China Cables”, documentos secretos del Partito comunista surgidos gracias al compromiso del International Consortium of Investigative Journalists, describen al detalle cómo funcionan los campos de detención donde están recluidos 1,8 millones de musulmanes chinos. Los pedidos, rechazados, de la comunidad internacional para poder visitar estas zonas que para Beijing son “institutos de formación”.

Beijing (AsiaNews) – Prevenir fugas de los campos, mantener el secreto sobre lo que sucede, crear un sistema de puntaje para los detenidos. Son solo algunas de las líneas guía que el gobierno chino impone a los propios funcionarios empleados en los campos de detención destinados a los uigures. Lo revelan nuevos documentos secretos apenas obtenidos gracias al compromiso del International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), grupo compuesto por 17 medios socios en 14 naciones.

Desde el punto de vista oficial, para Beijing estos campos no existen: de hecho se trataría de “institutos de formación” creados para “iniciar al trabajo” a los miembros de la etnia.

Los uigures, etnia de origen turco que vive en Xinjiang, piden desde hace decenios una mayor autonomía política y económica, pero Beijing los acusa de separatismo y de terrorismo, justificando una áspera política de control militar. En el verano de 2019 surgió un estudio de la Bbc que revela que centenares de niños son separados de sus propios padres en el intento de cancelar sus raíces étnico-religioso.

El documento descubierto por el ICIJ- que está dentro de un complejo más amplio denominado “China cables” fue redactado en 2017 y está firmado por el entonces vice- secretario del Partido comunistas de la provincia, Zhu Hailun, también jefe de seguridad. En el texto se explica cómo- para combatir al terrorismo- se deben mejorar “la instrucción e iniciación al trabajo” a través de “los campos de adiestramiento”.

Según algunas fuentes, las autoridades habrían encerrado en estos campos a cerca de 1,8 millones de personas, entre uigures y miembros de otras minorías de religión islámica, con la acusación de llevar adelante “una visión religiosa demasiado fuerte” y “políticamente incorrecta”. Según Randall Schriver, jefe de la Oficina asiática en el Departamento de Defensa americano, el número real “se acerca a los 3 millones”.

El texto explica además a las autoridades locales como implementar medidas de seguridad que prevén instrucciones para “gestionar en manera más estrecha y controlar las actividades de los estudiantes. Esto incluye el comportamiento en clase, alimentación, el tiempo transcurrido en el baño, visitas a los familiares”. Cualquiera deje la escuela “debe tener un acompañante”.

A los funcionarios empleados en los campos se impone en cambio “evaluar y resolver los problemas ideológicos de los estudiantes y las emociones anormales”. Para hacerlo, se alienta el aislamiento completo de los detenidos del mundo externo y un monitoreo continuo. Los campos deben tener en pie además un sistema de puntaje, relacionados con los castigos y los premios. Entre los premios están las visitas de los familiares.

Diversas veces la ONU pidió poder visitar Xianjian para verificar los abusos contra los uigures. China está acusada de haber encerrado contra su voluntad al menos a 1 millón de ellos, sometidos al lavado de cerebro para debilitar su afecto a la fe islámica, considerada una “radicalización”. Contra los testimonios de muchos sobrevivientes, Beijing siempre sostuvo que los campos son solamente “centros de formación profesional”.