Rusia contra las ONG de Asia Central

de Vladimir Rozanskij

El ministro de Defensa Šojgu, arremetiendo contra quienes se oponen a la presencia de Moscú "en países tradicionalmente amigos nuestros", equipara a los terroristas del Isis con las grandes ONG prooccidentales. Mientras Kirguistán aprueba una ley "sobre organizaciones no comerciales" fotocopiada de la rusa que pone en el punto de mira la financiación extranjera.

Moscú (AsiaNews) - El ministro ruso de Defensa, Sergei Šojgu, ha arremetido durante una reunión del Colegio de Defensa en el Kremlin contra las ONG centroasiáticas, culpables en su opinión de "aumentar continuamente las actividades hostiles contra Rusia", especialmente en la "creación de nuevas iniciativas y estructuras destinadas a desacreditar y oponerse a la presencia rusa en países tradicionalmente amigos nuestros". Según el jefe de la defensa rusa, la situación en esta región es "muy delicada", recordando la amenaza simultánea de los talibanes en Afganistán y de los terroristas del Isis, a los que equipara la labor de las organizaciones no gubernamentales.

Šojgu recuerda que "en estos países operan más de 100 grandes ONG prooccidentales, con más de 16.000 representaciones y sucursales, cuyo objetivo es debilitar la cooperación técnico-militar, económica y cultural con la Federación Rusa, con el telón de fondo de la operación militar especial, y debemos hacer algo". El ministro es en cierto modo un especialista en la materia, ya que ocupó el cargo de jefe de la protección civil en Rusia desde la época de Yeltsin, y en los primeros años de Putin se dedicó específicamente a la "liberación" de Rusia de las numerosas iniciativas de asistencia y voluntariado apoyadas y financiadas por Occidente, que se consideraban un peligro para la seguridad y la estabilidad interna del país. En la actualidad, Šojgu es una de las principales figuras rusas "sancionadas" por Occidente.

Ahora no está claro qué tipo de iniciativas pretenden verter los rusos en estas realidades, en países extranjeros como los de Asia Central, que siguen estando muy vinculados a Moscú. Según el asesor noruego del Comité de Helsinki, Ivar Dale, "meter a los activistas humanitarios en el mismo saco que a los terroristas es una afirmación absurda, que no merece la pena comentar". Según el experto, cuando se habla de los efectos de la presión de Šojgu sobre Kirguistán, "en Biškek entienden muy bien de lo que está hablando", ya que las organizaciones contra las que arremete "no trabajan contra Rusia, sino en defensa de los derechos humanos, y Rusia es precisamente uno de los países donde estos derechos se violan sistemáticamente".

En un informe reciente, el Comité de Helsinki analizó el flujo de artículos sancionados, que llegan a Rusia a través de Kazajistán, Kirguistán, Armenia y otros países. Esta información se remitió a Bruselas y se debatió con las autoridades de Kiev y de los países de la antigua CEI soviética. Dale afirma que "nos complace que la sociedad civil de Europa y Kirguistán estén dialogando con el objetivo de identificar desgarros en la red del régimen de sanciones". Sin embargo, hoy resulta preocupante el intento de Biskek de imponer una ley "sobre los representantes extranjeros" similar a la de los inoagenty en Rusia, y está claro que "la mano de Moscú está detrás de esta ley tan discutida".

El 22 de febrero, el Žogorku Keneš, el Parlamento kirguís, aprobó otra ley "sobre organizaciones no comerciales", vinculada a la de representantes extranjeros, que podría restringir gravemente las actividades de las asociaciones que trabajan en el ámbito de la educación y la formación, tocando temas sensibles como la igualdad de género y muchas otras cuestiones sociales, a pesar de las garantías formales de los autores de la ley. Según el politólogo Emil Džuraev, las palabras de Šojgu demuestran "accidental o intencionadamente" el interés de Rusia en este debate interno de la sociedad kirguís, incluso sin nombrar los proyectos de ley..

El instituto de análisis jurídico Adilet, con sede en Biskek, confirma que "la ley actualmente en discusión es en un 98% igual a la ley rusa", aprobada en Moscú en 2012 y endurecida en posteriores enmiendas, y que afecta a cualquier actividad no comercial que explote financiación extranjera, más aún si realiza actividades de trascendencia social y política. Los juristas señalan que en este enfoque punitivo no se especifican los criterios que identifican la dependencia de fuentes extranjeras, lo que otorga a las autoridades locales una amplia arbitrariedad a la hora de aplicar medidas restrictivas, que afectan a todo tipo de actividades hasta la asistencia caritativa o el cuidado del medio ambiente y la ecología.

Además de Kirguistán, la represión contra los "agentes extranjeros" se está desarrollando en diversos grados en todos los países de Asia Central, incluso sin leyes explícitas como en Kazajstán, y con iniciativas a distintos niveles en Uzbekistán, Tayikistán y Turkmenistán, siempre con una gran presión de Rusia para "defender a los países amigos de la invasión occidental".