Riad media por la paz en Oriente Medio pero reprime con cárcel la disidencia interna

La condena de Manahel al-Qatabi por pedir el fin de la tutela masculina es sólo el último ejemplo de una larga lista. Pena capital a un hombre por denunciar la corrupción y las violaciones de derechos humanos en las redes sociales. Decenas de personas tendrán que cumplir "largas" penas de prisión.

Riad (AsiaNews) - Activos en el frente internacional en la búsqueda de la "estabilidad" en un Oriente Medio caracterizado por las guerras y las tensiones, dentro de sus propias fronteras los dirigentes de Riad siguen golpeando -y reprimiendo- a quienes luchan por los derechos y las libertades individuales, especialmente a las mujeres. Prueba de ello es lo ocurrido en los dos últimos años, en los que la justicia saudí ha "condenado y emitido veredictos que incluyen largas penas de prisión para decenas de personas" cuya "culpa" es haber "publicado contenidos en sus perfiles sociales". Denuncian la progresiva represión de la disidencia -y las voces críticas en defensa de las libertades democráticas- activistas de Amnistía Internacional y de Alqst, organización saudí pro derechos humanos con sede en el Reino Unido, empezando por el último caso de los últimos días: la condena a 11 años de prisión impuesta a la activista Manahel al-Otaibi.

Los expertos de las distintas ONG hablan de una "feroz" campaña de represión contra "la más mínima crítica" expresada en línea en la monarquía del Golfo, que ha ido cobrando fuerza en el último periodo de agitación en la región. La justicia, afirman ambas organizaciones en una nota conjunta, ha "impuesto largas condenas" a "decenas de personas" por sus "comentarios expresados en Internet". Se trata en su mayoría de simples ciudadanos que acabaron en la mira de un tribunal penal especializado, creado en 2008 para tratar casos relacionados con el terrorismo y cuyos veredictos rara vez son comentados por las autoridades saudíes.

Además del caso de Manahel, que hizo campaña por el fin de la tutela masculina y el código de vestimenta, pero fue condenada por delitos -presuntos y nunca especificados- de "terrorismo", entre los casos recientes se encuentra el de Nourah al-Qahtani, detenida en julio de 2021 por publicar en Twitter (ahora X): madre de cinco hijos, la mujer deberá cumplir 45 años de cárcel (la condena en primera instancia fue de seis años y medio, aumentada después en apelación) por críticas al gobierno y otros mensajes en los que temía el riesgo de detención de personas que participaban en manifestaciones. Además, en el reino wahabí está prohibida cualquier forma de expresión de disidencia.

Los jueces la declararon culpable de utilizar la red social 'para desafiar la religión y la justicia' del rey Salman y de su hijo y líder de facto del reino, Mohammad bin Salman (Mbs), según el texto de la sentencia. A ello se añade una pena accesoria en segundo grado por alentar "las actividades de quienes pretenden alterar el orden público y desestabilizar [...] el Estado" mediante la publicación de "tuits falsos y malintencionados".

Pertenece a la minoría chií [Arabia Saudí es la cuna del islam suní] Salma Al-Chehab, que entonces tenía 34 años y realizaba un doctorado en la universidad británica de Leeds cuando fue detenida en enero de 2021 mientras estaba de vacaciones en su país. Un año y medio después, en agosto de 2022, los jueces la condenaron a 34 años de prisión por "ayudar" a grupos disidentes a "desestabilizar el Estado" difundiendo y retransmitiendo sus mensajes. A la madre de dos hijos, que publicaba principalmente información sobre los derechos de la mujer y tenía varios miles de seguidores, también se le prohibió salir del país durante 34 años tras cumplir su condena, que posteriormente se redujo a 27.

Mohammad al-Ghamdi, opositor que informaba en las redes sociales sobre corrupción y presuntas violaciones de derechos humanos, fue detenido en junio de 2022 y condenado a muerte el año pasado. Según su hermano Said al-Ghamdi, activista en el exilio, el procesamiento se basó, al menos en parte, en publicaciones en las que criticaba al gobierno y expresaba su apoyo a "presos de conciencia", como los líderes religiosos Salmane al-Awda y Awad al-Qarni. El año pasado, Human Rights Watch declaró haber visto un documento judicial en el que se afirmaba que el profesor jubilado había "atentado contra el estatus del rey y del príncipe heredero". Además, continuaba el texto, "sus acciones se ven amplificadas por el hecho de que se produjeron a través de una plataforma mediática mundial, lo que exige un castigo severo". En septiembre del año pasado, el propio Bin Salman había criticado la sentencia, deseando que el hombre no fuera ejecutado. .

Al liberar al país de su dependencia del petróleo, base de la "Visión 2030", bin Salman ha puesto la mano -aunque con cuidado- en la implantación radical de la fe musulmana y la vida social de la nación. Las reformas introducidas desde 2019 han tocado la esfera social y los derechos, incluida la luz verde para que las mujeres conduzcan, el acceso (controlado) a los estadios y potenciado la industria del entretenimiento y las nuevas tecnologías, así como la esfera religiosa con un progresivo abandono del 'wahabismo'. Sin embargo, las detenciones de altos cargos y empresarios, la represión de activistas y voces críticas y el caso Khashoggi han ensombrecido más de la cuenta el verdadero cambio, al que le falta una última y definitiva palabra: libertad religiosa.

(Foto de Amnistía Internacional que muestra a la activista Manahel al-Otaibi)