Refugiados sirios, detenidos y repatriados por la fuerza desde el Líbano y Turquía

La crisis económica y la desocupación han alimentado el resentimiento de la población local de estos países. Ankara ha notificado a un millar de refugiados sobre la orden de expulsión. En Beirut, se multiplican los despidos sumarios de trabajadores inmigrantes. Las personas que huyeron de sus países ahora son obligadas a firmar un documento para su repatriación voluntaria.

Damasco (AsiaNews/Agencias) - En las últimas semanas, los centros de inmigración de Turquía y del Líbano han implementado prácticas para la expulsión de cientos de refugiados sirios, empujados a regresar a zonas donde todavía permanecen focos de conflicto. Se teme que los dos gobiernos, golpeados por la crisis económica y los problemas internos derivados de la gestión de los refugiados, puedan poner en marcha políticas de deportación masiva que terminarían poniendo en peligro la vida de los refugiados.

El fin de semana pasado, las autoridades turcas localizaron y entregaron la circular de expulsión -en el término de 30 días- a más de mil refugiados sirios que se encuentran alojados en los centros situados en los alrededores de Estambul. Algunos confirman que el procedimiento de expulsión ya se ha activado, con su inminente traslado a tres centros distintos, a realizarse en pocos días más.

Los funcionarios de Seguridad han confiscado los teléfonos celulares y han separado a los refugiados de sus familias y de los activistas y abogados que defienden los derechos humanos. En un segundo momento, las autoridades de Ankara obligaron a los refugiados a firmar un documento en el cual afirman que quieren regresar a Siria “voluntariamente”, incluso a zonas donde los enfrentamientos y la violencia aún continúan.

La decisión de promover políticas de repatriación estaría motivada por la creciente desocupación, unida a la crisis económica, dos factores que han llevado a una pérdida de consenso en torno al presidente Recep Tayyip Erdogan. En la primera etapa de la guerra, el mandatario había abierto las fronteras, impulsando una acogida en nombre de la identidad “musulmana e islámica” en común con los refugiados. Los activistas advierten que la escala y el calibre de los arrestos y expulsiones dan cuenta de un “vuelco” de la política de puertas abiertas, que en su momento permitió que cinco millones de refugiados pudieran cruzar a Turquía a través de la frontera.

En Beirut, varios trabajadores inmigrantes sirios, la mayor parte de ellos indocumentados, cuentan que los despidos sumarios se están realizando desde principios de julio, en el marco de un decreto de gobierno que apunta a privilegiar la ocupación de los jóvenes (y no tan jóvenes) libaneses. Por otro lado, en el último período, la dirigencia del país de los Cedros ha afirmado [pese a los testimonios de ONG y activista locales] que se puede decir que la guerra en la vecina Siria ya terminó y que gran parte del territorio es seguro. A esto se suma la grave crisis económica de una nación de pocos millones de habitantes, donde más de un cuarto de la población está formado por personas que huyeron de sus lugares de origen y por refugiados.

En el contexto del conflicto sirio, tanto Turquía como el Líbano, que (en sus inicios) solían ser enérgicos sostenedores de la caída del presidente Bashar al-Assad y de un cambio de régimen, ahora tienen una mirada más pragmática sobre el asunto. En este momento prevalecen las tensiones internas y el creciente descontento entre la población local por la presencia de inmigrantes y refugiados, que son vistos como la mayor causa del desequilibrio económico y la falta de empleo.

El ministro de Trabajo del Líbano, Camille Abousleiman, dice que él solo está aplicando “ las leyes en materia laboral”, favoreciendo la ocupación local y regulando el empleo de los extranjeros. Gökçe Ceylandağ, vocero del departamento turco de inmigración, niega enérgicamente las acusaciones de repatriaciones forzadas y asevera que quienes regresan a su país de origen lo hacen de manera “voluntaria”. No concuerda con él Liz Throssell, vocera de la agencia de la ONU dedicada a los refugiados (UNHCR): habla de una “cuestión delicada”, y en paralelo, un miembro del staff confirma “reportes constantes de refugiados denunciando que son obligados a firmar” la repatriación voluntaria.