Protestas del 2019 en Hong Kong: hasta 16 meses de prisión para 7 activistas demócratas

Todos están acusados de organizar y participar en una manifestación prohibida. Seis de los condenados ya están en la cárcel. Liga de los Socialdemócratas: hasta hace poco, solo se aplicaban multas por estas faltas. Carrie Lam: no hay represión. Para los críticos, los hechos cuentan una historia diferente.

Hong Kong (AsiaNews) - El Tribunal de Distrito de la ciudad condenó hoy a siete activistas pro-democracia a penas de entre 11 y 16 meses de prisión. La jueza Amanda Woodcock los declaró culpables de organizar y participar en una marcha no autorizada el 20 de octubre de 2019, en pleno apogeo de las protestas del Frente Democrático contra el gobierno. A la manifestación asistieron miles de personas.

La condena afecta a los ex parlamentarios Cyd Ho, Albert Ho, Yeung Sum y el "pelilargo" Leung Kwok-hung; el veredicto de culpabilidad también recae en Avery Ng y Raphael Wong, de la Liga de Socialdemócratas (LSD), y en Figo Chan, coordinador del Frente Civil de Derechos Humanos. Todos se habían declarado culpables. Aparte de Wong, los otros seis acusados ya están en prisión por otras sentencias. El tribunal estableció que sus sentencias no serían acumulativas.

Al pronunciar el veredicto, Woodcock explicó que la Basic Law (la mini constitución de Hong Kong) y la Carta de Derechos garantizan a los ciudadanos la libertad de asambleas, manifestaciones y protestas. Sin embargo, la jueza subrayó que estas prerrogativas no son absolutas, sino que están sujetas a restricciones "en interés del orden público". La principal acusación contra los condenados es que no tomaron medidas para evitar los disturbios durante la manifestación.

Frente al tribunal, cuatro miembros de la LSD desplegaron una pancarta en la que se leía: “Las manifestaciones pacíficas son inocentes; la persecución política es una vergüenza". Como informa Hong Kong Free Press, los socialdemócratas activos señalan que las penas por manifestaciones no autorizadas ahora son más duras: antes se limitaban a una multa o a un periodo de servicios comunitarios.

En un comunicado de prensa, Avery Ng critica la continua "reinterpretación" de las normas existentes. Se pregunta si sirven para proteger las libertades de los ciudadanos o "el poder de de los poderosos".

Ayer, Carrie Lam rechazó las acusaciones según las cuales el ejecutivo a su cargo está utilizando la Ley de Seguridad Nacional para reprimir a la sociedad civil. Para los críticos, los hechos cuentan una historia diferente. Desde que la medida draconiana de Beijing se promulgó hace 14 meses, la policía ha detenido a 143 personas, por considerarlas una amenaza para la seguridad nacional. De ellas, 84 están procesadas. Las autoridades obligaron a cerrar el periódico democrático Apple Daily, fundado por el magnate católico Jimmy Lai, quien está detenido desde hace meses. Initium, otra publicación independiente, trasladó su sede a Singapur.

Además, en el último tiempo se han disuelto organizaciones históricas que estaban bajo la lupa del gobierno. Tal es el caso del Sindicato de Maestros y el Frente Civil de Derechos Humanos: el primero era el mayor sindicato de la ciudad; el segundo, la principal coalición democrática.

Los líderes estudiantiles también fueron procesados, acusados de fomentar el terrorismo. En el LegCo, el parlamento de la ciudad, hay un solo representante que no está alineado con Beijing. Las voces libres, como el periodista Steve Vines y la artista Kacey Wong, han huido de la ciudad.